La Dirección General de Tributos (DGT)ha generado un cortocircuito de alto voltaje –el enésimo– en la puesta en marcha del bono eléctrico local de manera que han vuelto a saltar las chispas entre el equipo de Gobierno y el Partido Popular.

Como ya informó ayer Diario de Cádiz, Hacienda ‘tumbó’ hace nada menos que casi diez meses la posibilidad de que el bono eléctrico local se financiase a través de cuatro donaciones anuales de 600.000 euros de Eléctrica de Cádiz (EC) a la Fundación EC, deduciéndose la compañía el 30%de esas aportaciones.

La DGT considera que eso sería convertir a la fundación en “una mera intermediaria” con el fin de ahorrarse impuestos, “en perjuicio de la Hacienda pública”. Es la respuesta a una consulta vinculante hecha por la propia EC, presidida por el edil David Navarro, y por la fundación encabezada por el concejal popular José Blas Fernández.

Después de firmar un primer convenio, el edil del PP se ha negado a firmar otros dos precisamente por la duda sobre la legalidad de la donación y su deducción fiscal, posición que le puso en el objetivo de la campaña #PPblasfirmaya.

El PP exige disculpas del regidor a José Blas por su “campaña de acoso y derribo”

Por eso ayer el PP reaccionó acusando “al alcalde y a sus círculos” de “llevar cuatro años intentando defraudar a Hacienda a través de la Fundación EC para poner en marcha su programa estrella a través del PP”. Aseguran que “pudieron haberlo puesto en marcha hace años, pero prefirieron una campaña de mentiras que tendrán que cambiar por un #Kichifirmaya”.

Los populares exigen al alcalde “que pida disculpas públicas al PP por la campaña de acoso y derribo a José Blas Fernández [...] tras conocer que la DGT ha dictaminado que la fórmula elegida por Podemos –trasvasar dinero de la empresa a la Fundación EC para deducirse fiscalmente parte del importe dedicado al bono– es claramente ilegal”.

“Pudieron ponerlo en marcha hace años, pero prefirieron una campaña de mentiras”

El PP lamenta que “durante tanto tiempo se haya utilizado a Fernández con el único objetivo de montar su particular chiringuito de asesores en el que favorecer a sus círculos a través de mesas sectoriales, cursos y talleres sufragados desde lo público”, y le agradecieron que se mantuviera firme.

 “Lo que pretendía el alcalde era directamente una prevaricación: usar a sabiendas de que era ilegal una fundación como intermediaria para ahorrarse impuestos en base a una donación simulada”.

Los populares acusan a Podemos de “haber utilizado nuevamente a las familias sin recursos para hacer política”.