El juicio de Quality Food ha entrado en su recta final con las presentación de los informes y las conclusiones finales de cada una de las partes que forman parte de la vista que sigue en la Audiencia Provincial de Cádiz para dilucidar si hubo irregularidades tanto en la gestión de la compañía alimenticia, así como en las actuaciones de los responsables de la Zona Franca de entonces.

La Fiscalía ha elevado a definitiva su calificación provisional manteniendo en los mismos términos tanto en lo que se refiere a las penas como en los delitos de los que se acusan a todos los que se han sentado durante estas semanas en el banquillo de los acusados. La única modificación que se ha hecho es por un fallo en la redacción del informe provisional en lo referente a Víctor Ocaña, el director de la sucursal bancaria con la que trabajaba Manuel García Gallardo, el fundador de Quality, en San Fernando.

La Fiscalía ha sostenido que había nombrado el delito pero no había añadido la pena. De este modo, a este hombre se le pedían seis años de prisión por falsedad en documento mercantil y ahora pasa a siete por un delito societario en categoría de cooperador necesario y otro de falsedad en documento mercantil, como autor. A él se le acusa de haber expedido unas certificaciones bancarias falsas que indicaban que se habían abonado unas ampliaciones de capital que, según la Fiscalía, no se producían.

Sólo se ha retocado en un año más a uno de los acusados por un fallo en el informe inicial

Para los principales acusados se mantienen las mismas penas, es decir, para el fundador de la empresa, Manuel García Gallardo, 16 años y siete meses, aunque también se le ha incluido la imposibilidad de que durante dos años se le puedan conceder ayudas públicas si es condenado. A su madre Ana Gallardo Ramírez, la Fiscalía solicita 14 años y siete meses y  al que sitúa con el papel de testaferro de García Gallardo, Rafael Borrego Patrón, dos años y ocho meses.

En lo que se refiere a la parte de la Zona Franca, mantiene para Miguel Osuna, ex delegado del Estado, y para su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, diez años de prisión para cada uno.

En el informe que ha presentado Fiscalía en el juicio, redunda en las tesis que ya había tratado en su informe provisional, de manera que toda la suma de delitos que se circunscriben a cinco hechos. Uno es de las mencionadas certificaciones bancarias que afectan a Manuel García Gallardo, a su madre y a Víctor Ocaña.

Otra es el de unos supuestos movimientos de tierra cobrados a Quality Food por una empresa de García Gallardo para compensar un dinero que tenía que poner. La Fiscalía señala que no se ha podido certificar que eso se hizo. Aquí también están involucrados, a juicio del Ministerio público, los Gallardo y Rafael Borrego.

Uno de los puntos más importantes que se intentan dilucidar es si la ampliación de capital con la compra de acciones por parte de Zona Franca a un precio superior al que se debía pagar. Aquí es donde entran en escena Miguel Osuna y José Manuel Fedriani, La Fiscalía llega a decir que “había acuerdo en hacer lo que le interesaba a Manuel García Gallardo y no al erario público”. La Fiscalía incluso sitúa a Osuna, tal y como hizo en el escrito, como el urdidor de una trama, algo que su defensa ha negado siempre.

Otro de los escenarios es el de la utilización de un préstamos de Sogebaq, la sociedad participada en un cien por cien por la Zona Franca, hacia Quality Food y que fue, según ha señalado la Fiscalía, en beneficio de García Gallardo. A este también se le imputa la apropiación indebida de dinero.

Para hoy está previsto que hagan sus conclusiones finales las distintas defensas de cada uno de los acusados.