El escrito de acusación de la Fiscalía en el caso Quality Food no deja en muy buen lugar al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, ni al que fuera jefe de gabinete durante su estancia en el Consorcio, José Manuel Fedriani. A ambos se les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de fraude a la administración por cómo gestionaron la compra del paquete mayoritario de acciones de la corporación alimentaria en el año 2003. Para ambos pide una pena total de 10 años de prisión. 

Entre otras cuestiones la Fiscalía entiende que tanto Osuna como Fedriani ocultaron información al comité ejecutivo de la Zona Franca y que se llevó a cabo una ampliación de capital que trajo graves consecuencias para el erario público y beneficios para los propietarios de la empresa, la familia García Gallardo. A favor de ellos, sin embargo, está que la Fiscalía no sigue la línea de la jueza de instrucción, que incidía en que se había construido una trama para el enriquecimiento ilícito de los acusados.

La Fiscalía es incluso más dura que la acusación del PSOE y la Abogacía del Estado, que pedía para ellos siete años de cárcel para cada uno. Para ambos  se pide una inhabilitación que alcanza los 26 años.

Sin embargo, hay dos personas a las que la Fiscalía pide más prisión. Uno es el empresario y fundador de Quality Food, el isleño Manuel García Gallardo, que se tendrá que enfrentar a una pena de 16 años y siete meses de prisión por delitos que van desde la estafa, el societario, la falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y malversación, aunque éste último en grado de cooperador necesario. Para su madre, Ana Gallardo Ramírez, también se solicita una pena de prisión levemente menor a la de su hijo, en total 14 años y siete meses.

Los otros dos actores de este asunto son el ex director de una sucursal bancaria de San Fernando con la que trabajaba García Gallardo y que presuntamente expidió unos certificados bancarios que acreditaba que el empresario había efectuado el desembolso por sus acciones cuando realmente no lo hacía. Para él, Víctor Ocaña Ferreiro, se solicitan seis años.

El último de ellos es Rafael Borrego Patrón, administrador de algunas sociedades que, según la Fiscalía, actuaba como testaferro de Manuel García Gallardo. Para él la Fiscalía pide dos años y ocho meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y por un delito societario.

Para todos ellos se pide la apertura del juicio oral en una causa que comenzó en el año 2004 cuando precisamente Miguel Osuna presentó las primeras demandas civiles, a las que se unieron posteriormente unas querellas penales contra Manuel García Gallardo y su familia. En estos doce años de instrucción ha habido numerosos vaivenes, tanto que el principal denunciante se convirtió finalmente en imputado. 

El escrito de la Fiscalía relata cada uno de los apartados en los que se puede haber incurrido en delitos, pero gran parte del mismo se centra en el meollo de la cuestión, que es la adquisición de las acciones de Quality Food por parte de Sogebaq, la sociedad pública que pertenecía entonces al holding de Zona Franca. 

La acusación pública relata todo el proceso y recuerda que cuando Manuel García Gallardo propuso una ampliación de capital en un consejo de administración de Quality Food, dijo que Sogebaq suscribiera 500.000 euros de capital social con un desembolso de más de 1,8 millones de euros. Según la Fiscalía, esto lo trasladó Osuna al comité ejecutivo de la Zona Franca, en el que también estaba Fedriani, proponiendo que se hicieran con el 24% del accionariado. Sin embargo, el comité lo rechazó al estimar que antes de resolver esta cuestión habría que aportar un informe externo sobre la valoración e la empresa, su nivel de endeudamiento y dirimir si se debía pagar prima de emisión y su cuantía.

Como esto sale rechazado y desde Quality Food se necesita el dinero para poder optar a unas ayudas públicas, Osuna lo que propone en el comité ejecutivo es que la Zona Franca conceda un préstamos de más de 1,8 millones de euros a Sogebaq para que ésta a su vez pudiera prestar este importe a Quality Food, en tanto y en cuanto no se llevaba a cabo una valoración de la empresa. 

Para efectuar la valoración, Osuna encargó la auditoría a Desarrollos Tributarios y el informe se hizo con información aportada por el propio Osuna. Este reflejaba dos valoraciones, una conservadora basada en el valor teórico contable que valoraba la prima de emisión en 68.511 euros y otra que se elevaba por encima de los seis millones de euros y que se parecía más a lo facilitado por Osuna, según la Fiscalía, ya que se basaba en previsiones de mercado y evoluciones futuras, "no basadas en información consolidada". Esta finalmente es la que se tuvo en cuenta. 

Tras diversas operaciones y en las que se acusa a Miguel Osuna y José Manuel Fedriani de ocultar información al comité ejecutivo de la Zona Franca, se van realizando varias operaciones de compras de acciones. En una de ellas se paga en su totalidad casi dos millones de euros, pero se cuantificaban como aportación en especie  en tan sólo 600.000 euros "con el consiguiente perjuicio al erario público". Sobre esto, la acusación pública también resalta que se ocultó información al Consorcio de la Zona Franca.

El día clave es el 23 de diciembre de 2003, jornada en la que se tiene que reunir el comité ejecutivo. Antes de su celebración, Osuna se reunió con el abogado del Estado en la Zona Franca, Manuel Ponce, al que refiere "sin más datos" que va a proponer al comité la adquisición de otro 28% de las acciones para hacerse ya con la mayoría de la Corporación Quality y, con ello, controlar su gestión.

El abogado del Estado, tal y como aparece en el escrito, le propuso a Osuna que no efectuara dicha operación y que en el caso de que hubiera que intervenir en Quality, le sugirió una fórmula a través de un préstamo que se garantizaría con la pignoración de las acciones de Manuel García Gallardo. 

El comité se celebra, pero tal y como reconoce la Fiscalía, los únicos que cuentan con toda la información completa son Osuna y Fedriani. Se propone el control de la empresa a través de dos fórmulas: la ampliación de capital, para lo que hay que valorar la prima de emisión o bien otorgar el préstamo a Quality. El abogado del Estado hizo constar expresamente que hubiera necesitado más tiempo para poder estudiar cuál era la solución más adecuada. Osuna, por su parte, argumentó que había que intervenir de manera rápida en Quality porque había que hacer pagos urgentes por valor de más de 1,5 millones pocos días después. Una vez más se le acusa de "ocultar datos esenciales". De hecho afirman que Fedriani y él consiguen gracias a ello que el comité ejecutivo vote a favor de su propuesta. 

Finalmente se aprobó suscribir el aumento de capital, para lo que se abonó algo más de 5,4 millones de euros, un importe muy superior sobre el que los demás socios estaban accediendo a participar en Quality.

Allí se acordó que se hicieran dos peritaciones independientes sobre el valor de la empresa donde se quedarían con el valor medio, para después hacer las compensaciones según lo pagado.

Sin embargo, se toma otra decisión fuera del comité ejecutivo que a juicio de la Fiscalía, es perjudicial para Zona Franca y va a favor de García Gallardo y su familia. Se establece que los fundadores pueden tener una opción de derecho de compra sobre la totalidad de las acciones durante el plazo de un año y si no la ejerciera, podía exigir a Sogebaq que les comprara las suyas, "todo ello sin ninguna contrapartida a Sogebaq".

En el escrito también se habla de cómo García Gallardo contrató unos movimientos de tierra que nunca se hicieron a una empresa que realmente era suya para facturar una operación que le sirviera para imputársela a Quality Food .

La Fiscalía también establece una serie de responsabilidades civiles, que en el caso de Miguel Osuna, José Manuel Fedriani, Manuel García Gallardo y su madre se eleva por encima de los 7,3 millones de euros.

No obstante, el auto  de procedimiento abreviado ha sido recurrido por varias de las partes que se encuentran inmersas en el proceso. En el caso de que se revocara de una manera parcial o total, la acusación de la Fiscalía quedaría sin efecto o habría que modificarla.