Las causas judiciales siguen irrumpiendo en la vida cotidiana de la gestión del equipo de gobierno. En esta ocasión, vuelve a ser el alcalde el centro de la diana, apareciendo sobre él una nueva causa que le amenaza de nuevo por la vía penal. La denuncia presentada en su día por el exconcejal del Partido Popular José Blas Fernández y que se creía ya archivada y olvidada ha vuelto a la luz, en este caso de manos de la Fiscalía, que al contrario de lo decretado en su día por el Juzgado de Instrucción sí ve indicios de delito de José María González por no facilitar información a los miembros de la oposición.

En concreto, José Blas Fernández puso en conocimiento de la Fiscalía en el año 2019 la relación de preguntas (cerca de un centenar) que desde la llegada de José María González a la Alcaldía en 2015 le había formulado sin recibir respuesta. Y tras las diligencias practicadas, Fiscalía ha resuelto que se “evidencian hechos de significación penal”, solicitando al Juzgado que proceda a incoar diligencias previas antes de decidir si reabre el proceso judicial que en su día fue archivado o si se procede al archivo definitivo de esta causa que el entorno de González creía ya acabada.

Fiscalía ha requerido informes municipales para confirmar ante qué escenario se halla la denuncia. Para ello, en primer lugar ha requerido un informe del secretario municipal “acerca del procedimiento y tramitación que se sigue en las solicitudes de información recibidas por el alcalde”, remarcando que en las respuestas aportadas por el denunciante siempre se repite la misma “respuesta estandar” –“le significo que se han dado las instrucciones oportunas a la delegación competente al objeto de reclamar dicha información”, se responde siempre por parte del alcalde–.

En segundo lugar, se requiere oficio al Ayuntamiento “con objeto de que remita copia de las actuaciones efectuadas tras las solicitudes de documentación e información que se adjuntan y para que se informe de la causa que motivó, en su caso, la falta de actuación”.

Será cuando se reciban estos dos informes municipales cuando el Juzgado tome una decisión respecto a la causa por la que el alcalde de Cádiz se enfrentaría a una pena de inhabilitación en cargo público que puede ir de uno a cuatro años, según establece el Código Penal en su artículo 542, que es el que la propia Fiscalía ha señalado en la resolución elevada ya al Juzgado de Instrucción número 3, atendiendo a lo que demanda José Blas Fernández en su denuncia.

Por tanto, se enfrenta González a una nueva causa judicial abierta por concejales de la oposición (en este caso sin estar ya en activo como tal). Causa que el Juzgado ya archivó en 2018, entendiendo entonces que existiera en la actuación de González “una dolosa conducta, manifestación de una voluntad cierta y demostrada de mantener una denegación de la información solicitada, ni contradice la obligación de transparencia que debe regir la actividad pública”.

Aquella causa, del año 2018 se centraba en 25 preguntas no respondidas por el alcalde; un número que se ha incrementado hasta cerca de un centenar en la causa que ha investigado Fiscalía y que ha vuelto a rescatar –a la espera de la resolución judicial– un nuevo caso contra el alcalde.