Facua advierte que la batalla de las cláusulas suelos "aún no ha terminado"

Tal y como sucede en el resto de España, un número importante de hipotecados se ven perjudicados por la aplicación de las cláusulas suelo. Tras varios años de batallar con este problema, Facua Cádiz, organización que representa en la ciudad a 90 afectados por este asunto, recuerda que la "lucha continúa", tal y como apunta Jesús Yesa, secretario general de esta organización en la provincia. "Tanto en aquellos casos en los que los bancos continúan sin ceder a las reclamaciones de sus clientes, como en aquellos supuestos en los que éstos no se conforman con la eliminación de la cláusula sino que también quieren recuperar todo el importe cobrado indebidamente por la aplicación de la misma hay que mantenerse firmes".

El Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo (una cláusula que pone un límite a las bajadas del Euribor en las hipotecas) sobre las que no se ofreció suficiente información a los usuarios antes de contratar hipotecas, algo que ocurrió de manera generalizada hasta ese momento. Esta sentencia sólo permite la devolución de los importes cobrados bajo este concepto irregularmente hasta la fecha de publicación de la misma, esto es, el 9 de mayo de 2013. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión, dado que contraviene la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Está previsto que dicte sentencia el 12 de julio. La Comisión Europea considera que los bancos deben devolver todas las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo, y no poner límite a la devolución en la fecha de la sentencia del Supremo.

Yesa acusa a las entidades bancarias de haber "actuado con premeditación, conociendo perfectamente las consecuencias de la inclusión de esta cláusula en las hipotecas, lo que les llevó a hacer todo lo posible para que los usuarios no se enteraran de ello a la hora de firmar la hipoteca".

Recordó que, en el año 2009, Facua solicitó al Instituto Nacional del Consumo (actualmente integrado en la AECOSAN) que actuase contra estas cláusulas, pero el organismo se desentendió del asunto derivándolo al Banco de España, que no puso objeción a su aplicación con el argumento de que eran el resultado de una supuesta negociación entre el usuario y la entidad bancaria.

El responsable de Facua Cádiz considera escandaloso que el Banco de España defienda a la banca y abogue por no devolver el dinero cobrado de más a través del abuso de las cláusulas suelo, alegando que si los bancos se ven forzados a devolver con retroactividad lo cobrado de más por las cláusulas suelo se verían dañados la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos, tal y como ha esgrimido en el informe presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en noviembre pasado para defender la postura del Gobierno español en la causa que se sigue en el tribunal europeo sobre las cláusulas suelo. Yesa señala que es "indignante que el Banco de España anteponga los intereses de las grandes empresas a la protección a la ciudadanía", a la vez que considera "lamentable la falta de sensibilidad del Banco de España ante un abuso que ha provocado que numerosas familias de nuestra ciudad sufran situaciones dramáticas y que ha contribuido a que, en numerosos casos, se hayan producido desahucios".

El Gobierno central y las comunidades autónomas también son objeto de las críticas de esta organización, administraciones a las que acusa de "seguir sin actuar", por lo que los usuarios no han tenido más remedio que defender sus intereses acudiendo a los órganos judiciales. A tal respecto, Facua Cádiz alerta a los usuarios ante los ofrecimientos masivos que están efectuando tanto despachos de abogados como pseudo asociaciones de consumidores, recomendando que antes de encargarles la tramitación de este asunto les soliciten que se les informe detalladamente de los costes de la operación (incluyendo lo que van a pagarle a estos profesionales) y que, atendiendo a ello, valoren si, económicamente, les merece la pena o no acudir a la vía judicial.