Los centros educativos concertados de Cádiz todavía no saben cómo les va afectar la nueva ley educativa (Lomloe), denominada Ley Celaá por el apellido de la ministra de Educación. Manuel Holgado, presidente provincial de Escuelas Católicas –que tiene el 80% de representatividad en la educación concertada de Cádiz–, señala que el principal temor es que la aplicación del criterio de subsidiariedad y el de planificación perjudique a la pervivencia de los centros concertados.

Y es que, según Holgado, la Ley Celaá modifica los criterios para renovar los conciertos: hasta ahora, el principal criterio era la demanda de plazas, pero con la nueva ley, esto cambiará. Además, actualmente, la red pública y concertada son complementarias, pero cuando entre en vigor la nueva normativa, la concertada sería subsidiaria de la pública.

Para el presidente provincial de Escuelas Católicas, la Ley Celaá "parte de un principio erróneo". En este sentido, hace referencia al artículo 27 de la Constitución Española, que recoge que "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Y sostiene que la Constitución "habla de la libertad de elección de centro, mientras que la Ley Celaá dice que tú puedes elegir entre los centros que la administración te ofrezca". Añade que “se ha modificado el concepto de derecho a la educación y de libertad de enseñanza, y se ha impuesto sin contar con las comunidades educativas. Para nosotros, eso es lo principal".

Desde Escuelas Católicas están convencidos de que la Ley Celaá "es muy negativa en muchos aspectos". Su presidente en la provincia de Cádiz lamenta que "se ha impuesto en contra de un pacto educativo". Comenta que desde el inicio de la democracia, ha habido ocho leyes educativas "y esta es la que menos consenso ha tenido, no se ha dialogado con la comunidad educativa. Esta ley no soluciona los problemas de la educación en España, todo lo contrario".

Manuel Holgado destaca la situación de la capital gaditana, donde "hay una presencia histórica de enseñanza concertada muy fuerte", como ocurre en Jerez. Señala que en los últimos 40 años no se ha concertado ningún nuevo centro, permaneciendo los mismos desde los años 80 del siglo pasado. Apunta que hay centros concertados en las principales ciudades, pero también en pueblos pequeños.

El próximo mes de enero toca renovar los conciertos de los centros educativos (excepto los de Primaria) y Holgado cree que no les afectará la nueva ley porque todavía no estará en vigor.

Respecto a la asignatura de religión, que con la nueva ley ni se evaluará ni habrá asignatura alternativa, el presidente de Escuelas Católicas en la provincia de Cádiz manifiesta: "No queremos que sea obligatoria, pero sí que el que la estudie lo haga con todas las garantías y los criterios de una asignatura, y si no se evalúa, no puede considerarse una asignatura, entonces, ¿qué interés puede tener para un alumno?". Además, piensa que debe haber otra asignatura alternativa para quien no la elija.

En cuanto a la educación especial, Holgado explica que la ley prevé la integración de todos los alumnos "y estamos de acuerdo con que se integren todos los que puedan, pero hay alumnos que por sus necesidades educativas tienen necesidad de una educación especial. ¿Por qué cerrar esos centros cuando están haciendo muy buen servicio a la sociedad?". Puntualiza que lo que se pretende es vaciar los centros de educación especial, que "es una forma de asfixiarlos".

Al preguntarle por los privilegios de la educación concertada con los que se quiere acabar, el presidente de Escuelas Católicas de Cádiz responde con otra pregunta: "¿Cuáles son esos privilegios? La dotación económica a un centro concertado es mucho menor de la que tiene un colegio público por alumno. La plaza concertada es más barata porque los padres pagan una parte de la educación, la administración no da todo lo que el centro necesita".

Manuel Holgado expresa la esperanza que tienen los centros concertado de que "en el Senado se modifiquen los aspectos más polémicos de la ley" y que "las administraciones cambien de actitud tras las movilizaciones que se han hecho y el millón y medio de firmas que hemos recogido en contra de la ley". Además, señala que hay grupos políticos y asociaciones de padres que están pensando recurrir esta ley.