El inicio del curso escolar 2009/2010 se presenta agitado, y no sólo por la amenaza del contagio de la gripe A en las aulas. La Delegación provincial de Educación ha resuelto ya la mayoría de los recursos administrativos interpuestos meses atrás contra progenitores acusados por otros padres de falsear datos de las matrículas de sus hijos para así obtener plaza en el centro educativo deseado.

Ha resuelto ya un buen número y ha comenzado a mover ficha. En la tarde de ayer, la dirección del colegio marianista San Felipe Neri recibió vía fax la resolución de la Administración educativa sobre los casos investigados que competen al centro. Y según relató a este medio el propio director del colegio, Javier Anso, en el escrito recibido se comunica que se han investigado 33 denuncias, encontrándose algún tipo de fraude en 14 de esos 33 casos. La falsedad de todos ellos, excepto de uno, reside en la dirección de la vivienda señalada en la matrícula como domicilio habitual. Sólo hay un caso que la Administración señala como falso por haberse indicado en la documentación entregada al centro que se trataba de una familia monoparental, cuando en realidad no lo era.

Los puntos que se asignan a las familias monoparentales son dos, mientras que por emplazarse el domicilio o lugar de trabajo de los padres o del tutor legal del menor en el área de influencia de la escuela son diez. Y si se ubican en zonas limítrofes se conceden seis en total.

La resolución emitida por la Delegación provincial de Educación llegó ayer tarde al colegio San Felipe Neri, y a partir de mañana comenzarán a recibirla los padres afectados. Esos padres pretendían que sus hijos comenzaran el nivel educativo de Educación Infantil en el centro marianista, pero finalmente deberán iniciar el curso en otro colegio. Lo que se desconoce aún es si todos esos menores estaban incluidos en la lista de admitidos de San Felipe Neri o formaba parte alguno de la lista de espera.

Las familias de esos niños a los que Educación ha dictaminado restarle puntos por falsedad de documentación tienen derecho a interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación, aunque recordó ayer Anso que la resolución de la Administración "deberá aplicarse ya y sólo un juez podrá ordenar lo contrario".

El máximo responsable del centro marianista manifestó por último que la resolución quedará expuesta en el tablón de anuncios del centro y que se dará de baja a los menores señalados por la Administración educativa. "Eso es lo único que puedo decir ahora mismo, ya que aún no hemos calibrado las consecuencias de esta orden. El año pasado sólo tuvimos un caso y este año son 14".

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