La organización Ama Natura-Ecologistas en Acción quieren que en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz para instarlos al reconocimiento del estado de emergencia climática mediante la aprobación de una moción en la que aparecen una serie de medidas.

Por ejemplo, piden que el Ayuntamiento se comprometa a establecer los compromisos políticos, dictar las normativas y desplegar los recursos necesarios “para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero de al menos el 40% no más tarde de 2030 para poder conseguir el balance neto” una década después.

Otra de las medidas que se solicita es el abandono progresivo de los combustibles fósiles, con el 42% de cuotas de energías renovables en 2030 como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, “aspirando a una energía cien por cien renovable de manera urgente y prioritaria”.

Para poder cumplir este objetivo con el medio ambiente, el colectivo establece que el gobierno municipal debe elaborar, aprobar y llevar a cabo el Plan Municipal contra el Cambio Climático al que está obligado por la Ley Andaluza de Medidas frente al Cambio Climático, en la línea de los PACES (Planes de acción para el Clima y la Energía Sostenible) del Pacto de los Alcaldes.

Esto debe ir de la mano del fomento del autoconsumo eléctrico con renovables y una movilidad sostenible “lo antes posible”, crear espacios peatonales, promover la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes y reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles entre otras muchas medidas que deberían estar contenidas en el futuro plan municipal.

El tercer bloque sería avanzar en una economía local y de proximidad “que impulse la soberanía alimentaria, la agricultura y ganadería ecológicas”.

Ama Natura-Ecologistas en Acción propone también que se inicie la adaptación de los municipios a la crisis climática, “con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la escasez de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del calentamiento global”.

Por último, dicen que “la justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que la ciudadanía será protagonista en la vigilancia, el seguimiento y el control de las medidas adoptadas”.

A juicio de este colectivo, la declaración de emergencia climática supone iniciar “un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la gravedad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario para frenar la emergencia”.

Creen que hacer esta declaración “requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes que involucren a la Administración, a las empresas y a la ciudadanía con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis”.