La ‘EPO pura’ llegaba de la diálisis de Cádiz

El supervisor farmaceútico del centro de diálisis de Cádiz B.Braun, concertado con el SAS, desvió desde 2016 más de 5.000 dosis de Eritropoyetina (EPO) al mercado negro, si bien esas sólo son las dosis que se han podido comprobar, ya que se tiene constancia de que este fraude se venía realizando desde el año 2010. Estas dosis eran de alta concentración, con lo que podían alcanzar el doble de volumen en el mercado internacional.

El destino de esta sustancia, que es la más habitual para el dopaje en el deporte de élite, era una organización compuesta por ciudadanos de Europa del Este que coordinaba desde Barcelona un ciudadano de nacionalidad serbia. Fuentes de la investigación afirman que “el negocio tenía un enorme éxito ya que ‘vendían’ su mercancía como la mejor del mercado, era ‘prime’. Y naturalmente que lo era en comparación con otras sustancias que hay en el mercado negro y que nadie controla. Ésta venía del sistema público y había pasado por todos los controles. Eran muy apreciados por los clientes, al tratarse de fármacos originales, siempre dentro de las fechas de caducidad”.

Estas mismas fuentes aseguran que la clínica, cuya central en España se encuentra en Barcelona, pero que ya no está en funcionamiento en Cádiz, colaboró en todo momento con la operación, bautizada como Hixpoxianet, y que el único encausado es el supervisor del centro, que no es médico, pero que llevaba el trabajo administrativo que le permitía tener la capacidad de falsificar un altísimo número de envases para enfermos de diálisis sin que el SAS detectara el fraude. El sistema empleado, al parecer, consistía en falsear los datos necesarios para la realización de los pedidos en las fichas de los pacientes de la clínica, quedándose con el excedente.

El SAS, principal damnificado

El SAS, principal damnificado por este robo de un delicado (y caro) medicamento imprescindible para los enfermos renales, ha sido consultado sobre este caso por este medio y contestó con el evasivo comentario de que “no podemos pronunciarnos sobre una investigación en curso”, aunque buena parte de los datos obtenidos en la investigación se han conseguido por la colaboración del SAS. En realidad, la investigación está muy avanzada y las detenciones se produjeron el pasado mes de mayo. Los investigadores apuntan que para esclarecer el caso ha sido imprescindible la ayuda de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta.

De este modo, la Guardia Civil ha logrado desarticular una organización delictiva cuyos clientes eran deportistas, algunos de ellos de gran nivel tanto el plano nacional como internacional. Aunque se sabe que el tráfico de esta sustancia ha sido masivo, siendo como único proveedor este centro de Cádiz, lo que se ha intervenido como prueba son más de 850 jeringuillas, encontradas en la clínica sin las debidas medidas de conservación y temperatura, lo que supone la mayor incautación realizada en Europa de este tipo de EPO.

El supervisor de enfermería, uno de los seis detenidos, trabajaba en la clínica que se encontraba en la calle Almirante Vierna, frente al hospital Puerta del Mar, desde 2008. B.Braun atendía a los clientes que le derivaba el sistema público de salud hasta que en mayo se ordenó la ejecución de la operación.Siete días después de la operación este servicio pasaba a la clínica Avericum, que se encuentra en el Estadio y que es quien actualmente presta el servicio de diálisis y que no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos.

Profesionales que trabajan habitualmente con esta sustancia han reconocido que no se explican cómo era posible que esta sustancia pudiera distraerse, sin control del SAS, durante tanto tiempo y en cantidades tan grandes. “Quizá unos pocos al mes, pero ni así cuadra”. Sobre esos fallos en el control no ha querido pronunciarse el SAS, que se ignora si tiene alguna investigación interna para saber en qué punto falló el sistema.

La operación se desarrolló en Barcelona y Cádiz tras una información recibida desde la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad) en la que se indicaba que varios deportistas podrían estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes mediante su compra en internet.

Tirando del hilo, la Guardia Civil consiguió reunir las suficientes pruebas para la detención de cinco personas en Barcelona y una en Cádiz por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental.

Los agentes identificaron al menos siete páginas web que ofertaban distintos productos esteroides anabólicos sin ningún tipo de control sanitario, como es el caso del sitio www.epobest.com, que ha sido intervenido judicialmente al igual que el resto de páginas. Las web estaban dirigidas a posibles clientes en múltiples idiomas y divisas, en las que se ofrecían diversos hormonas y esteroides. Algunas, dedicadas exclusivamente a la venta de EPO, indicaba que era enviada desde España.

Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor se utilizaban redes de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austríaco, que era operado desde España y la organización facilitaba entonces varias vías para realizar los pagos, a través de empresas de envío de dinero o transferencias bancarias a cuentas corrientes internacionales, o incluso mediante criptomonedas para facilitar su anonimato.

Desde la Guardia Civil han explicado la dificultad para los investigadores, “ya que todos los dominios se encontraban alojados en servidores de países como Islandia o paraísos fiscales como New Jersey, cuya legislación es más permisiva en cuanto al alojamiento web se refiere”.

Ahora se está llevando a cabo el análisis del volumen de información obtenida tras la fase final de la investigación en ordenadores, teléfonos, correos electrónicos y cuentas corrientes radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre, de cuyo resultado se obtendrá un amplio listado de posibles consumidores finales.

Hasta el momento se han bloqueado por orden del juzgado de instrucción número 4 de Cádiz más de 800.000 euros en cuentas bancarias y bienes inmuebles, localizándose más de 70.000 euros en efectivo en los registros efectuados.