La polémica por la situación de los chiringuitos se está desarrollando por dos vías diferentes que se entrelazan entre sí. Por un lado, está el embrollo jurídico en el que están inmersos los empresarios, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz por las discrepancias que existen sobre si se ha producido o no la transmisión de la titularidad de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que, a su vez, ha permitido que se estén tramitando en la actualidad las modificaciones sustanciales de las citadas concesiones. Por el otro, la denuncia del Grupo Municipal de Ciudadanos contra el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En ambas cuestiones, aparece una fecha determinante en todo este asunto: el 10 de noviembre de 2017. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz aprobó ese día solicitar a la Junta de Andalucía la transmisión de los títulos de ocupación a los chiringuitos tras haberse incoado expediente el 3 de noviembre de 2017 a través de un decreto de Alcaldía. Este acto le ha servido a los técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta para constatar en la propuesta de condiciones a las modificaciones sustanciales solicitadas por cuatro chiringuitos que se realizó una petición expresa de dicho traspaso y, a su vez, a Ciudadanos le ha permitido poder reafirmarse en su denuncia contra el regidor municipal.

Así lo expresó el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, al señalar a este medio que la demanda partía, en primer lugar, del citado decreto de Alcaldía, pero “cuando hemos tenido acceso al expediente, hemos visto que, además del decreto del alcalde, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local lo que está pidiendo expresamente es la transmisión”.

Toda esta documentación ya se encuentra dentro del expediente que está en los juzgados dentro de las diligencias previas. Una vez que desde la formación naranja se ha tenido acceso a la información, apuntó Pérez Dorao que, a través de un escrito de alegaciones, “hemos llamado la atención de la jueza sobre el hecho de que en este acuerdo de la Junta de Gobierno Local se toma la decisión de transmitir, no de poner en marcha el expediente”. Una diferencia sobre la que pone el foco el edil de la formación naranja, ya que en este matiz se sustenta parte de la defensa del equipo de Gobierno municipal para argumentar que la transmisión no se ha completado. “Creemos que el asunto tiene la gravedad que tiene”, aseveró el concejal.

Aunque todavía está por ver cómo será el recorrido judicial de la denuncia de Ciudadanos, Pérez Dorao afirmó que “está clara” la actuación del Consistorio “al querer primero la modificación sustancial de las concesiones. Cuando el Consejo Consultivo le dijo que era ilegal, desistió del expediente de modificación sustancial e inició y terminó el expediente de transmisión”.

Una de las claves en este asunto se podrá contemplar con la actitud que a partir de ahora tenga el Ayuntamiento con los chiringuitos si permanecen abiertos fuera del plazo que les concede el pliego de condiciones por el que se hicieron con la explotación de los negocios. “Si el Ayuntamiento quiere que se mantenga el pliego con los chiringuitos, tendrá que exigir al chiringuito de Cortadura que se levante ahora y también se lo tendrá que exigir a los de La Victoria y Santa María del Mar antes del 30 de noviembre. Si no lo hace, entiendo que está reconociendo que la transmisión se ha producido”, explicó Pérez Dorao, que añadió que esto “puede tener incidencia” en el proceso judicial.