Cádiz Ciudadanos lleva al juzgado al alcalde por la transmisión de los chiringuitos

  • La formación naranja denuncia a González por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en este trámite

Varios clientes toman una copa en la terraza de un chiringuito durante una jornada de calor del presente verano. Varios clientes toman una copa en la terraza de un chiringuito durante una jornada de calor del presente verano.

Varios clientes toman una copa en la terraza de un chiringuito durante una jornada de calor del presente verano. / Julio González

El lío en torno a los chiringuitos sigue aumentando. Ayer, se sumó un capítulo más a todo este embrollo, por lo que este asunto lleva camino de eternizarse al coger el camino judicial. Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, han llevado este tema a los juzgados al denunciar al alcalde, José María González, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la tramitación de la transmisión de la titularidad de la concesión de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre a los propietarios de los restaurantes playeros.

Esta demanda se encuentra en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que la ha admitido a trámite y ha iniciado las diligencias previas oportunas para comprobar los hechos que han sido denunciados.

Aunque la denuncia se presentó el pasado 6 de julio, ayer se hizo pública su presentación en una rueda de prensa ofrecida por los dos ediles de la formación naranja. Ésta era la tercera vez que los concejales comparecían públicamente para tratar las posibles irregularidades que se podrían haber cometido en este proceso administrativo. A diferencia de las dos anteriores, la convocatoria de ayer se realizó con la demanda en la mano, lo que le da a este asunto un cariz totalmente diferente.

El germen de la denuncia está en el decreto de Alcaldía con fecha de 3 de noviembre de 2017 con el que se iniciaba la tramitación del traspaso ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Con él, el Ayuntamiento pretendía poner fin a un conflicto que se inició en 2014 al querer los propietarios de los chiringuitos que los contratos a los que están sometidos se adaptaran al nuevo Reglamento General de Costas en tres aspectos: el aumento de la superficie de las instalaciones, la apertura durante todo el año y la ampliación de los acuerdos a 30 años.

A partir de este hecho, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, apuntó que la formación naranja considera que el alcalde puede haber cometido un delito de prevaricación al firmar el citado decreto de Alcaldía por "saltarse el Ayuntamiento una prohibición legal" al utilizar este trámite para hacer una modificación sustancial de las condiciones de las concesiones "sin someter este asunto a un nuevo concurso público". De hecho, Pérez Dorao indicó que este asunto está probado al desistir el Consistorio de un procedimiento anterior para conseguir tal fin al dictar un informe la Comisión Consultiva de la Contratación Pública de Andalucía en el que "le puso de manifiesto al Ayuntamiento que no era posible trasladar directamente a los titulares de los chiringuitos estas nuevas condiciones de las concesiones administrativas sin convocar un nuevo concurso".

Por ello, sentenció el edil de Ciudadanos que, con la rúbrica del regidor municipal, "lo que está realizando es un fraude de ley tratando de llegar a un resultado que está prohibido por la ley a través de un camino distinto del inicialmente comenzado".

Por otra parte, respecto al presunto delito de malversación de caudales públicos, la tesis de Ciudadanos se sustenta en la cantidad de dinero que deja percibir el Ayuntamiento al no cobrar el canon de las citadas concesiones. Para ello, sostuvo Pérez Dorao que la transmisión de la titularidad de los chiringuitos se ha realizado "sin incoar expediente en el que se haya hecho la valoración del bien patrimonial que el Ayuntamiento estaba transmitiendo y, por supuesto, sin contrato, sin fijar la contraprestación que tendrían que pagar los titulares de los chiringuitos al Ayuntamiento y, por tanto, con claro perjuicio para la situación patrimonial del Ayuntamiento".

Por último, en cuanto a que sea el alcalde la persona a la que se dirige la denuncia, Pérez Dorao apuntó que todo el procedimiento se fundamenta "única y exclusivamente en un decreto dictado por el alcalde". Asimismo, sobre la caducidad del expediente declarada por la Junta de Gobierno Local el pasado 13 de julio, el portavoz de Ciudadanos destacó que se ha hecho "con la finalidad de guardarse las espaldas".

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