Unas horas después, el equipo de Gobierno salió al paso de la denuncia presentada por Ciudadanos contra el alcalde por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo hizo con una nota de prensa para atacar al portavoz de la formación, Juan Manuel Pérez Dorao, y criticar a este partido por haber realizado esta acusación "sin importarles que estos hechos sean falsos y sin presentar prueba alguna".

En este comunicado, el equipo de Gobierno aseguró que la denuncia no se ha admitido a trámite, lo que contradice la versión de Pérez Dorao en rueda de prensa, que afirmó que sí está admitida a trámite y que ya se están realizando diligencias previas, por las que tendrán que declarar en el juzgado. Así, señaló que "tan sólo se ha pedido información al Ayuntamiento sobre el expediente administrativo, como no podía ser de otra manera, información que se elaborará y se entregará según los tiempos establecidos". Con ella, desde el Ayuntamiento se espera que se deje la denuncia "sin efecto" al considerarla como "falaz".

En cuanto a la acusación por prevaricación, el equipo de Gobierno se dirigió a Pérez Dorao para recordarle que "para que exista un delito de prevaricación debería haber una resolución administrativa y firme", por lo que le animó a que "exhiba, muestre o enseñe el documento que acredite la firma del alcalde para el traspaso de la titularidad de los chiringuitos". De hecho, en la nota se resaltó también el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se desestimó el pasado 13 de julio seguir con este proceso, lo que "va en sentido contrario a la denuncia".

Por último, respecto a la presunta malversación de caudales públicos, apuntó el equipo de Gobierno que "para que se produzca este delito debería existir algún tipo de daños y perjuicios por parte del Ayuntamiento", resaltando que se sigue cobrando el canon a los propietarios de los chiringuitos.

Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular afirmó que "venimos avisando desde hace mucho tiempo que todo es un sinsentido y que se estaban cometiendo irregularidades graves, y que el único responsable es el alcalde".

Asimismo, señaló que en este asunto existen "muchos perjudicados: los primeros, los gaditanos que han perdido la concesión sobre su playa a favor de otros sin nada a cambio; los segundos, los empresarios de los chiringuitos que están en un limbo legal y jurídico permanente, con la Junta diciéndoles que son los concesionarios y el Ayuntamiento multándoles por no hacer lo que dice el PGOU o el pliego de condiciones".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, manifestó sobre la denuncia que "esperamos que, tanto los hosteleros de los chiringuitos como los trabajadores de estos establecimientos, no se vean afectados por el litigio. Los socialistas siempre hemos defendido su actividad, esencial para el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestra ciudad". Junto a esto, recordó que "es un asunto que hemos advertido al equipo de Gobierno en muchas ocasiones y en el que lamentablemente no han querido atender a nuestras aportaciones".