La teniente de alcaldesa de Familia, Mercedes Colombo, se ha pronunciado mediante un comunicado de prensa por primera vez desde que se denunciaran por parte de un sindicato presuntas irregularidades en la adjudicación de los pisos de Matadero tras la dimisión de la directora de Servicios Sociales, Pilar Tubío.

Colombo salió al paso de las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, en la que decía que se iban a revisar todos los expedientes porque se estaban recibiendo numerosas denuncias de afectados. La edil popular lamentó ayer que el socialista "no sepa nada del proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero, de la reuniones que hemos mantenido con el delegado de Vivienda, Manuel Cárdenas, y sobre todo del convenio del año 2000 en el que se establece el destino para realojo de las 204 viviendas, las 102 que han tardado 13 años en construir y las 102 que ya han dicho que no tienen pensado hacer".

Colombo recomendó a López Gil que se lea este convenio y el del año 2005 donde se concretaba quién visaba los contratos de las viviendas. En el mismo el Ayuntamiento aceptaba que en la promoción de Astilleros, donde le correspondían 65 viviendas de realojo, la Junta sólo le daría 32 porque necesitaba el resto para los suyos propios, por lo que se llegó al acuerdo de que esas 32 se sumarían a las 70 que les cedería la Junta cuando construyera Matadero.

Colombo afirma que en el año 2005 "nadie preguntó a quién y con cuántos informes sociales adjudicó esas viviendas la Junta en Astilleros, por lo que no sería descabellado que la Fiscalía aprovechara la reclamación de Francisco González (portavoz del Grupo Municipal del PSOE) para incluir en la misma aquella adjudicación y, seguramente, se encontraría repetidos apellidos muy conocidos de Cádiz".

La teniente de alcaldesa recuerda que desde el año 2000 el Ayuntamiento viene pagando "religiosamente" alquileres de familias que por motivos sociales o urbanísticos están realojadas en viviendas de titularidad privada: "Que una ONG no sepa o no quiera saber esto puede entenderse, que el responsable de la Junta en Cádiz, que es la administración que firmó el convenio con el ayuntamiento, no lo sepa es para que abandone el cargo".

El equipo de Gobierno también quiso ayer poner de manifiesto "el respaldo absoluto" a la labor realizada por los trabajadores sociales del Ayuntamiento en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero y añadió que se ha realizado de principio a fin "con los criterios técnicos de los trabajadores sociales y con el respaldo de sus informes". Destacó también que esos expedientes han contado con el respaldo del visado de la Consejería de Vivienda de la Junta, "sobre cuyos técnicos nadie del equipo de Gobierno va a sembrar la más mínima duda".

En este sentido, Colombo lamentó que el propio Fernando López Gil "cuestione" el visado de la propia Consejería al decir que serán revisados nuevamente". Así, señaló que debería preguntar qué criterios son los que ha usado la Junta "para las 14 familias que ha incluido en esta promoción y que proceden de las casitas bajas que antiguamente estaban en Matadero y que tuvo que desalojar para comenzar la construcción". Colombo afirma que en un principio eran 12 "y ahora son 14 porque en estos años se ha producido dos desdobles en esas familias".

La responsable de Familia indicó que -como resultado final del proceso- a Matadero irán las 14 familias que la Junta aportó de las antiguas casas de Matadero, 22 familias procedentes del desalojo urbanístico de urgencia de una finca de Doctor Marañón, 11 realojos urbanísticos de emergencia actual, 33 unidades familiares en situación de exclusión social de riesgo o realojos sociales (todas ellas con su correspondiente informe de trabajadores sociales) y las 22 primeras unidades familiares del Registro Público de Demandantes de Viviendas, que en su mayoría son beneficiarios de ayudas municipales.