Crecen las dudas ante el proceso de adjudicación de las viviendas de alquiler en Matadero y se suceden las críticas ante la presunta injerencia política de concejales del equipo de gobierno en la fórmula de elaborar las listas de adjudicatarios, todo ello denunciado por Autonomía Obrera tras la dimisión de la coordinadora general de programas de la Delegación de Asuntos Sociales, Pilar Tubío. Después de que el PSOE anunciara el lunes que pretende llevar el asunto a la Fiscalía, ayer, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha asegurado que han recibido "muchas denuncias de particulares" y que el personal municipal les ha hecho llegar su "descontento" en relación a la adjudicación de las viviendas. Preguntado sobre el hecho de que la agrupación municipal del PSOE haya puesto en conocimiento de la Fiscalía la dimisión de la funcionaria así como las acusaciones sindicales sobre supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, López Gil recordó que desde la Delegación Territorial de Vivienda ya "alertaron" de este asunto.

Así, sostuvo que desde la mencionada delegación van a ser "rigurosos para que se cumplan las listas de beneficiarios de demandantes de viviendas"; apuntando, además, que actuarán "con rigurosidad en los casos puntuales en los que entiendan que haya una urgencia muy justificada en los que tengan que saltarse el listado de demandantes de viviendas, que es el que tiene que imperar en la adjudicación".

Desde la propia Delegación Territorial de Vivienda se señalaba ayer que "se volverá a realizar una revisión exhaustiva" de los expedientes aportados por el Ayuntamiento de Cádiz "por si se detectaran irregularidades", aunque precisaron que "siempre actuamos con el mismo rigor y así ha ocurrido en los expedientes que hemos visado".

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) anunció ayer que llevará al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero y pedirá al Ayuntamiento convocar el Consejo Social de Exclusión Social "para ofrecer explicaciones". El portavoz de esta ONG, Rafael Lara, manifestó que "hay indicios fundamentados de que el proceso de adjudicación está viciado para incluir a gente en la lista. Es evidente que la dimisión de la coordinadora general de programas está relacionada con el proceso de adjudicación. Sería un grave delito que hubiera presiones políticas para cambiar la lista. Y todo indica que así ha sido". Lara se preguntó que si la Ley establece que la lista de demandantes de viviendas sólo se altere por casos excepcionales, "¿cómo es posible que el 85 por ciento de la lista esté compuesta por excepciones?. De 92 expedientes, el 85 por ciento son excepciones, cifra que da que pensar".

Derechos Humanos, en la voz de Rafael Lara, interrogaba además sobre el paradero "de los 10 expedientes que faltan por entregar a la Junta". Según este colectivo "con la situación de exclusión social, explosiva, de pobreza que sufre esta ciudad no se puede jugar con la gente ni trampear por intereses. Mientras, el Ayuntamiento sigue poniendo trabas a pesar de que las cédulas de primera ocupación están hechas desde enero". Asimismo, Lara mostró el apoyo de la APDHA "a los trabajadores sociales, valientes ante la impunidad de los políticos que se creen dueños de un cortijo".

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se repetía ayer que el baremo utilizado para la adjudicación "fue elaborado por la -hasta ahora- coordinadora general de Asuntos Sociales y las jefas de programas, basado en la legislacion vigente y en su experiencia como trabajadoras sociales".