La nueva ordenanza que el Ayuntamiento ya ha hecho pública para el servicio de taxi no incorpora, a grandes rasgos, muchos cambios respecto al modo de prestación que está hoy regulado. Y sin embargo, sigue dejando en el aire o sin resolver muchas cuestiones que afectan a este servicio necesitado de una remodelación (seguramente no sólo en Cádiz capital, sino a nivel nacional).

Por ahora, lo único que ha trascendido de esa ordenanza, lo que más ha llamado la atención, es la intención municipal de imponer uniforme a los taxistas (pantalón largo de color oscuro, camisa blanca que puede sustituirse por un polo de mangas cortas en temporada veraniega, y jersey también de tonos oscuros), que hasta ahora solo debían cumplir la obligación de no llevar “chanclas, pantalones cortos, bermudas, ropa deportiva o similares”. Pero no es este el único endurecimiento del trabajo de este sector en la ciudad.

Así, por ejemplo, en el texto que está pendiente de alegaciones se incorporan nuevos requisitos para el Certificado Municipal de Aptitud, que se obtiene mediante unas pruebas que versan sobre la propia ordenanza del taxi, la ciudad de Cádiz; hasta ahora se planteaba la posibilidad de que se requirieran una prueba psicotécnica y un nivel básico de Inglés, pero la nueva normativa impondrá también conocimientos básicos de la Lengua de Signos, de la atención a personas con movilidad reducida y de la normativa de Consumo.

También se limita la antigüedad de los vehículos, que no podrán superar los doce años desde su primera matriculación; y a partir de enero de 2025, los que se incorporen al servicio deberán estar “clasificados conforme al distintivo ambiental Cero Emisiones o ECO de acuerdo con la clasificación del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico”, algo que será obligatorio para toda la flota a partir del 1 de enero de 2030.

Límites se imponen también a la publicidad, que debe desaparecer del interior del vehículo, donde la actual ordenanza sí permite tenerla (aunque realmente pocos vehículos disponen de publicidad interior), y que queda limitada en función de su contenido. “En todo caso se prohíbe insertar en el vehículo publicidad sexista o de otro orden que atente contra dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos reconocidos en la Constitución, así como aquella relacionada con la prostitución. Tampoco podrán publicitar productos o servicios perjudiciales para la salud física o mental como el tabaco, el alcohol, los estupefacientes o el juego de azar”, dice la ordenanza propuesta.

Cuestiones sin resolver

Al margen de estas restricciones que se avecinan para el sector del taxi, el nuevo texto normativo sigue dejando muchas cuestiones en el aire; y, sobre todo, deja deberes en la mesa del propio Ayuntamiento.

Así, la ordenanza no termina de definir cuál es el servicio de taxis adaptados para personas con movilidad reducida y cómo debe prestarse. Se menciona que actualmente hay 10 licencias de taxis adaptados, reconociendo que debían ser 22; y ni siquiera define cuál es el modelo de vehículo que será autorizado para este servicio (lo que sí ocurre con todo lujo de detalles en los taxis convencionales). Es más, la ordenanza incluye una disposición adicional que recoge que para confeccionar esa guía de vehículos “que resulten más atractivos y cómodos para las personas con movilidad reducida, la cual se publicará en la página web del Ayuntamiento, se consensuará previamente con las asociaciones profesionales del taxi y las asociaciones de personas con movilidad reducida para la determinación de cuáles son los modelos óptimos y recomendados”. Modelos, por tanto, aún no definidos.

Tampoco queda claro quién tendrá la potestad de inspección del servicio, de velar por que se cumplan las normas; cuestión que se entiende que corresponde a la Policía Local, que en otras ciudades tiene una ciudad dedicada específicamente a velar por el buen desarrollo de este servicio público. Algo que no es el caso en Cádiz.

El Ayuntamiento abre la puerta a la creación de una radio emisora pública, “la cual podrá ser gestionada a modo de concesión administrativa”. Y se marca también como tarea futura el desarrollo de “un sistema de ‘bono-taxi’ para beneficiar a personas vulnerables y suplir posibles carencias de otros servicios de trasporte”; un bono-taxi que también serviría para personas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida, indica otra de las disposiciones adicionales de esa nueva ordenanza que previsiblemente será abordada en el pleno de este mes de abril para su aprobación y puesta en vigor.