“En @cadizsipuede decimos no a la infravivienda. Podemos erradicarla, solo necesitamos el 0,5% del presupuesto municipal”. Este fue un tweet publicado por José María González, Kichi, entonces todavía candidato a la Alcaldía de Cádiz, el 12 de mayo de 2015. El dato respondía a un cálculo de un reconocido arquitecto gaditano que en Por Cádiz sí se Puede tomaron como posible, que convirtieron en promesa electoral y luego, se supone, que en objetivo político.

Un año antes, la Asociación pro Derechos Humanos, las Asociaciones de Vecinos, FACUA, Cáritas, la Fundación Dora, Mujeres de Acero y otros colectivos sociales y ciudadanos que constituían la Plataforma por una Vivienda Digna y contra la Exclusión Social alertaban de que la capital gaditana se encontraba en una “insostenible situación de emergencia habitacional”. Una situación de emergencia que no han conseguido erradicar ninguno de los equipos de Gobierno locales y ejecutivos autonómicos que se han sucedido durante décadas. Ni siquiera después de la importante labor, lamentablemente no sostenida, que se desarrolló durante unos años desde la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico dependiente de la Junta de Andalucía.

Más de cinco años después de aquella declaración, la situación sigue siendo la misma. O peor. En Cádiz no hay quien viva. A no ser que se disponga de suficientes recursos como para pagar alquileres desorbitados por cuchitriles infrahumanos dignos de El zulista, esa cuenta de Twitter que los recopila. Eso, cuando se encuentran, porque la vivienda con fines turísticos prácticamente ha acaparado todo el mercado y apenas si se encuentran pisos en alquiler ni en las inmobiliarias ni en las oficinas de los administradores de fincas. De comprar, ni hablamos. Y de vivienda protegida, menos.

Vecinos de Cádiz, la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril, vuelve a insistir en que la situación de emergencia habitacional, después de cinco años de gestión por parte de uno de los Ayuntamientos del cambio y después de un giro político en la Junta, sigue siendo insostenible. Nada ha cambiado desde 2014. Ni siquiera tras la pandemia: La Junta de Andalucía aún no ha publicado la convocatoria para ayudas al alquiler a los afectados por la covid-19. Eso, pese a que las anunció el pasado mes de abril la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo: “Son muchos más los andaluces que necesitan estas ayudas porque en estos momentos no pueden pagar el alquiler, por lo que vamos a poner fondos de los que dispone Andalucía para las políticas de vivienda ordinarias para afrontar la crisis extraordinaria del covid-19 en materia de alquiler de vivienda –dijo públicamente– La consejera ha destacado que su departamento está trabajando en las bases reguladoras desde el día que el Gobierno central publicó la medida”. Según la federación, deben seguir trabajando en ello. De hecho, en mayo de 2020, la Junta todavía estaba resolviendo ayudas al alquiler para el trienio 2018/2020, solicitadas en noviembre de 2018.

La situación es del todo insostenible desde hace años para alrededor de 6.000 personas

“Los índices de pobreza y exclusión social en la ciudad de Cádiz son los más elevados de todas las capitales andaluzas”, insisten desde Vecinos de Cádiz. En la raíz de esa “emergencia habitacional” sigue estando el “grave problema del paro estructural”, una causa que no dejan de denunciar todos los colectivos, informe tras informe. Se trata de una “situación insostenible” para los 5.682 gaditanos inscritos activos en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas. El 90% tienen unos ingresos anuales inferiores a 15.975 euros y un 75% solicitan un alquiler. Esta es la cifras oficial.

Es una situación insostenible “por los incumplimientos de las declaraciones de las administraciones públicas, como la efectuada, en abril de 2017, tras reunirse con el alcalde, por el entonces consejero de Fomento y Vivienda”, Felipe López García, señalan desde la federación. “López reiteró el compromiso anunciado a finales del pasado año por la Consejería de Fomento, para seguir destinando recursos a la vivienda en Cádiz, donde también se están retomando ya otros proyectos, como la segunda fase de Matadero y la séptima del Cerro del Moro. Estas dos actuaciones permitirán promover 169 nuevas viviendas, con una inversión estimada de en torno a 14,5 millones de euros. En este sentido anunció que antes de que finalice el año se quiere licitar la segunda fase de Matadero, que contempla la construcción de 60 viviendas en régimen de alquiler y que contará con una inversión de 5,7 millones de euros. Además, también anunció que a primeros de 2018 está previsto que se licite la construcción de 67 viviendas en el Cerro del Moro en régimen de alquiler con opción a compra. Estas dos actuaciones permitirán promover 169 nuevas viviendas, con una inversión estimada de en torno a 14,5 millones de euros”. Así se recogió en prensa el ‘compromiso’ del consejero.

Pero, a juicio de Vecinos de Cádiz, no es la Junta la única culpable de esta situación insostenible. También consideran responsable al Ayuntamiento “por su pasividad ante la transformación de edificios de uso residencial a turístico, cuestión que pudiera ser entendible en inmuebles vacíos y sin rehabilitar, pero que es inconcebible que pueda llegar a autorizarse en los habitados. Compartimos que se posibilite el fortalecimiento del turismo en nuestra ciudad, pero tiene que hacerse compatible con el desarrollo de políticas que hagan posible el cumplimiento del Derecho a la Vivienda”. Es más, el Gobierno local, a través de Procasa, está trabajando ahora –¡ahora!– en la modificación de la Ordenanza de Alquiler Justo aprobada en 2016. Se trataba, básicamente, de captar a propietarios para que pusiesen sus casas a disposición de Procasa a cambio de una garantía en el pago de las rentas. Sólo consiguieron comprometer a cuatro en cuatro años.

El panorama lo agravan las deplorables condiciones de muchas infraviviendas, como decíamos, y la falta de un programa de erradicación tras la desaparición de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico. “Dudamos de la eficacia de las Inspecciones Técnicas de Edificios”, añade en este punto la federación. Hasta aquí lo que se refiere a alquileres.

“No es comprensible que las administraciones ni siquiera se coordinen en las ayudas al alquiler”

En el terreno de la construcción de vivienda protegida, la cosa empeora aún más. Ayuntamiento y Junta “ni siquiera son capaces de impulsar la construcción de viviendas en los solares e inmuebles de su titularidad ni en otros solares abandonados de titularidad pública con capacidad para construir más de 1.000 viviendas”. Esta situación llevó a la Apdha y a las Asociaciones de Vecinos a impulsar la denominada Ruta del Abandono. Y no se han aprobado medidas urbanísticas que obliguen a construir viviendas de protección oficial y libre. Para colmo, las pocas promociones de vivienda que se están construyendo “son a precios inaccesibles para miles de gaditanos”.

En este contexto, Junta y Ayuntamiento “ni siquiera consiguen cooperar y coordinar los programas de ayudas al alquiler. No es comprensible que se estén publicitando esas actuaciones y los gaditanos tengan que estar demandando ayudas al alquiler a los Servicios Sociales Municipales y a otras entidades ciudadanas”, denuncian desde la federación.

Ante este panorama desolador que no ha cambiado desde 2014, Vecinos de Cádiz reclama al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento de Cádiz que suscriban ya “un acuerdo por la vivienda que posibilite una solución a la lamentable situación que están padeciendo muchos conciudadanos”.