En apenas tres años el Grupo ABU ha invertido en la ciudad 90 millones de euros en la construcción más de 150 viviendas de renta libre. La tres promociones, ya en marcha, se vendieron con gran rapidez, incluso en apenas unas horas en la primera de ellas.

Tras esta excelente acogida de la ciudad a esta compañía radicada en Sevilla, la empresa pensó un regalo para los gaditanos. Y siendo ellos empresarios inmobiliarios le hicieron una oferta al Ayuntamiento de Cádiz de José María González: afrontar ellos la construcción de un centenar de viviendas sociales en la ciudad.  La operación sería mediante un acuerdo público-privado, utilizando la empresa fondos propios y de su fundación para la financiación del proyecto. La puesta en el mercado de estas viviendas seguirían los cauces habituales (precios de venta o alquiler) habituales en las VPO. Así lo relata a este diario Jesús Vera, presidente del Grupo ABU, y así se refleja en un informe que guardan los archivos de la concejalía de Urbanismo.

La idea de la constructora era levantar el edificio que destinado a protección oficial debe de completar la pastilla donde irá la Torre ABU, en la parcela de los Depósitos de Tabacos más cercana a la avenida de la Sanidad Pública, donde se prevé aproximadamente medio centenar de pisos. El resto, hasta llegar al centenar, se repartiría entre varios de los solares que, propiedad municipal, están pendientes de edificar y que ABU detalló en el documento remitido al Ayuntamiento.

Para sorpresa de los directivos de la inmobiliaria, el gobierno de Kichi dio el silencio como respuesta y, con ello, rechazó la posibilidad de contar con un centenar de pisos que las arcas municipales no tenían capacidad para financiar.

¿Cabe mantener ahora, tras el cambio de gobierno, esta propuesta? El propio Vera reconoce que hoy es una propuesta imposible de cumplir debido al fuerte incremento que han sufrido los materiales de construcción y el incremento de los costes hipotecarios. "De todas formas, me hace mucha ilusión encontrar algo que podamos hacer para agradecer a Cádiz esta acogida", incide el presidente de  ABU.

Junto a este silencio, la empresa encontró también infinidad de problemas a la hora de cerrar el proyecto de la Torre ABU.

Este proyecto, cuya licencia de obras ya está aprobada y cuenta con un plazo de ejecución de 28 meses, supone la construcción de un edificio de 20 plantas de altura, con lo que se convertirá en el edificio residencial más alto de Andalucía, y para la empresa en su gran emblema.

Sin embargo, el proyecto estuvo a punto de fracasar. Aquí ABU también chocó con la falta de respuesta del anterior gobierno. En este sentido, se lamenta que durante más de dos años "nos fue imposible sentarnos con los responsables municipales, pues no nos recibían. Fue una aberración", lo que impedía avanzar en un proyecto que necesitaba de un cambio legal en cuanto al subsuelo de la parcela y que no ha pasado en ninguna otra promoción.

Además, la actuación también incluía obras de canalización que afectaban directamente a las naves de los Depósitos de Tabaco. La imposibilidad de trabajar en el nuevo bloque de pisos incidía en el desarrollo de la reforma de este antiguo complejo industrial lo que ponía en riesgo la financiación europea de la Edusi que había obtenido el Ayuntamiento.

El cambio de gobierno tras las últimas elecciones municipales, dio un vuelco a esta situación. Tras constatar el parón que sufría esta operación, se agilizó todo el proceso y lo que no se hizo en dos años se completó en apenas unas semanas.

"Ha existido una decidida voluntad del alcalde, Bruno García, del delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, y de los técnicos municipales, de desbloquear esta situación", y así ha sido.

Lo cierto es que no es el Grupo ABU la única inmobiliaria con la que chocó el anterior Ayuntamiento. La firma gaditana propietaria del terreno de las antiguas Casitas Bajas, uno de los escasos solares que quedan libre en Puerta Tierra y situación en una zona muy estratégica: a pie de la avenida de la Sanidad Pública y de la estación de Cercanías de San Severiano y a escasos metros de El Corte Inglés y el puente de la Constitución, planteó un proyecto, que incluía también una gran torre para pisos que topó con el interés municipal de utilizar el tramo de la parcela de su propiedad para una promoción de protección oficial.

El Ayuntamiento y Procasa contaba, y cuentan, con más de la mitad del terreno como beneficio del reparto de cargas de esta unidad de ejecución (que incluye diversos terrenos en la zona), lo que para la inmobiliaria hacía inviable su plan.

En aquel momento se propuso comprar la parte municipal mediante la construcción de pisos de VPO en otra parcela de Procasa, lo que fue rechazado por el Ayuntamiento, que entonces dijo que ellos iban a construir en las Casitas Bajas, algo que en su momento no se cumplió.