La Audiencia juzgará a un jefe de la Udyco acusado de provocar delitos

El inspector V.R.R. y otro policía se sentarán el próximo febrero en el banquillo, en la Audiencia Provincial de Cádiz. El fiscal sostiene que el primero provocó varios delitos en 2006, cuando se encontraba al frente del Grupo II de la Udyco de Cádiz. Según el escrito de acusación, el inspector pidió a un confidente que vendiese hachís a personas que eran sospechosas de traficar con esa droga para así poder detenerlas y también le encargó en otra ocasión que colocase hachís en el aseo de un bar que luego fue registrado y clausurado.

El confidente está personado en el procedimiento como acusación particular. También está personado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ejerce la acción popular y acusa al inspector.

La Sección Tercera de la Audiencia ha señalado el juicio para siete jornadas del próximo mes de febrero. La vista oral comenzará el día 6.

El Juzgado de Instrucción número 4 dictó a finales de noviembre un auto que dio por terminada la investigación judicial del caso Udyco en la que participó la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

La defensa del inspector reclamó el archivo del caso, pero el juez encontró "elementos indiciarios contundentes", según explicaba, que obligaban a continuar con la tramitación de la causa.

El siguiente paso lo dio la Audiencia Provincial. La defensa presentó allí un recurso contra el auto judicial y solicitó de nuevo el archivo de la causa. Pero la Audiencia respaldó al juez instructor. Un auto decretó en julio de 2010 que no había motivo para archivar el caso: que había indicios de delito aportados por grabaciones y declaraciones de un testigo protegido.

El juez instructor explicó en un auto de febrero de 2010 (previo al de la Audiencia y con el que confirmó su rechazo al archivo de la causa) que el asunto en el que están procesados dos policías es "especialmente delicado" debido a la profesión de ambos y porque el denunciante (TP1) es una persona con antecedentes penales "cuya credibilidad frente a la de un inspector del CNP", decía, "es escasa o nula".

"Si sólo existieran ambas versiones contradictorias no tendría duda alguna sobre el sobreseimiento de la causa. Pero en este caso no es así", afirmaba el magistrado. El juez anotaba que las entrevistas personales entre TP1 y el inspector procesado (entonces aún sólo imputado) fueron en ocasiones grabadas por el primero con un rudimentario aparato de tamaño considerable que al parecer ocultaba en su ropa.

Las conversaciones, señalaba el juez, "reflejan una relación de confianza singular" y ponen de manifiesto datos de otras actuaciones policiales que "en ningún caso podrían ser conocidas por personas ajenas a la propia Policía Nacional o por alguien que no ha intervenido como informante de dicho cuerpo policial o participado en dichas actuaciones en la función que el TP1 ha señalado". El juez también destacaba la existencia de un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.