La Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP) dejará de prestar su servicio de comedor social para personas mayores a finales de este año. Esta drástica decisión la ha tomado la directiva de esta entidad, situada en la calle Rosa, tras haber sido denegada su solicitud en la convocatoria de subvenciones del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

El cese de esta actividad, que se lleva realizando desde 2006, afectará a unas 60 personas mayores con edades de entre 58 y 93 años, en su mayoría vecinos de La Viña que acudían a este centro de lunes a sábado para tomar el almuerzo o que lo recibían en su casa gracias a los voluntarios de esta asociación. Además, esta determinación también perjudica a las empleadas del comedor -una trabajadora social y dos cocineras-, que perderán su puesto de trabajo.

El presidente de la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), Juan Fernández Romero, explicó ayer que la noticia fue comunicada a los usuarios el pasado viernes, una vez que a principios de diciembre se tuvo conocimiento de la resolución provisional de la Junta de Andalucía. "En vez de dar las felicidades por la Navidad, he tenido que dar la noticia. Ha caído muy mal y ya me han propuesto que hagamos movilizaciones, que no tendremos más remedio que hacerlas", afirmó Fernández.

Hasta la fecha, este programa del comedor social se financiaba principalmente a través de la aportación que realizaba el Estado, que era quien gestionaba el reparto de las ayudas a partir del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional dio la razón a un recurso de la Generalitat de Cataluña sobre su gestión, por lo que en 2017 las comunidades autónomas se han encargado de distribuir el 80%, mientras que la Administración central ha repartido el 20% restante.

En el cambio de la gestión ve Fernández el motivo de la denegación, ya que apunta que en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia "se llegó al acuerdo de que este año se iban a respetar los mismos criterios y las entidades que teníamos la subvención de los programas se les iban a conceder. Eso era una garantía para este año". Un pacto que, según Fernández, "Andalucía no ha respetado y, de hecho, nosotros nos hemos visto fuera".

Actualmente, la entidad contaba con una ayuda de unos 180.000 euros para la financiación de la actividad del comedor social. Sin embargo, la solicitud tramitada ante la Junta en esta convocatoria ascendió a 146.149,96 euros para sufragar casi la totalidad del servicio. Para completarlo, los beneficiarios pagaban una pequeña cantidad en función de sus ingresos, que iban desde la gratuidad para las pensiones mínimas o no contributivas hasta los 7,50 euros que cuesta el almuerzo. Fernández argumenta que se cubría "un doble perfil", ya que "nosotros atendemos a personas con necesidades económicas, nutricionales, sanitarias o de movilidad y a otras que no están mal económicamente, pero que se encuentran solas".

Con todo, la asociación está a la espera de la contestación del recurso que ha presentado, aunque ya está trabajando en la reubicación de estos usuarios en otras entidades. "Es una cosa muy seria que les falte la comida", sentencia Fernández.