La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el comité Óscar Romero han presentado un escrito junto a otras 120 entidades al Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz para pedir la derogación del Premio Cortes de Cádiz de las Libertades al expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

En este escrito, ambas entidades recuerdan que en el momento de su entrega "decenas de organizaciones locales, nacionales e internacionales manifestamos nuestro más rotundo rechazo a la concesión de este premio. Creíamos que, si bien el premio era una en principio buena iniciativa, nacía totalmente desprestigiado al concederse a un personaje que precisamente había mostrado tan poco respeto hacia las libertades y que era responsable de tantas violaciones de derechos humanos en su país".

De esta forma, los dos colectivos señalan que "la lista de crímenes horrendos y atentados a los derechos fundamentales en los que Álvaro Uribe tiene responsabilidad directa o indirecta es tremenda", atribuyéndole como gobernador de Antioquia "la creación de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar de extrema derecha que continuaron funcionando extensamente durante todo su mandato como presidente". El escrito prosigue relatando que "las AUC realizaron varias masacres, entre ellas las de La Granja, San Roque y El Aro, donde durante tres días, detuvieron, torturaron y asesinaron a campesinos/as, niños y niñas, incendiaron veredas y sembraron el terror". Estos hechos, indican, están siendo investigados por la Fiscalía, la Comisión de Acusación de la Cámara y la Corte Suprema de Justicia por ser un delito de lesa humanidad.

La APDHA y el Comité Óscar Romero denuncian que, "bajo sus dos gobiernos como presidente, se registraron 297 masacres, 2,4 millones de desplazados, 32.000 desaparecidos, 4.200 muchachos ejecutados a sangre fría bajo la dinámica de los 'falsos positivos'; más de 5.200 personas torturadas y asesinadas por los paramilitares en Cúcuta; los hornos crematorios en Puerto Santander donde fueron incineradas más de 400 personas o los centenares de indígenas asesinados".

Ambas entidades también denuncian que "ha boicoteado cualquier intento de paz en Colombia y con Iván Duque, el actual presidente, ha estado detrás del asesinato estos últimos dos años de más de 1000 personas entre excombatientes de las FARC y líderes sociales, indígenas, sindicales y campesinos". Por ello, aseguran que el Premio Cortes de Cádiz a las Libertades "se le otorgaba a quien precisamente violentaba la democracia, las libertades y los derechos humanos".

Ante esto, las dos organizaciones consideran que "la decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana, por unanimidad, de ordenar la detención de Álvaro Uribe es una ocasión perfecta para que el Ayuntamiento de Cádiz reconsidere la aciaga decisión de 2009 y retire el Premio Cortes de Cádiz a las Libertades a un personaje de la catadura de Álvaro Uribe Vélez y que tanto mancilla al nombre de la ciudad".