Perversiones Gastronómicas

Bicicletas y justicia alimentaria

  • Nace una Ley para regular a los repartidores de comida a domicilio

Un repartidor en Canalejas, Cádiz.

Un repartidor en Canalejas, Cádiz.

“Un joven que va en bici con una App no es un emprendedor”. Con estas palabras, la atractiva ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz, sentenciaba la llamada Ley de Riders, es decir, el Real Decreto-ley que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

El texto da legalidad al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios en una mesa de diálogo social. Se trata, según el gobierno, de dar protección a personas trabajadoras que prestan servicios “bajo formas de organización y dirección empresarial distintas a las tradicionales, si bien en régimen de dependencia y ajenidad, sometidas a un control de procesos y de resultados”.

Las ciudades se han llenado de repartidores que van en bicicletas, motos o coches con la comida de establecimientos para llevarla rápidamente a los clientes a domicilio. Ante el vacío legal, los trabajadores eran obligados por las empresas a darse de alta de autónomos cuando, en realidad, eran falsos autónomos. Cuando un empleado está sujeto a turnos, horarios y salarios está trabajando por cuenta ajena porque hay una relación de dependencia.

Se estima que existen unas 30.000 personas en esta situación. España es el primer país de la Unión Europea en trabajadores de plataformas digitales donde habitualmente se produce precariedad. Si un negocio está basado en abusar de sus trabajadores hay que cambiar de modelo de negocio. Se ha calculado que hay un fraude a la Seguridad Social de 197 millones de euros eludiendo nóminas y pagos de impuestos de estas compañías que, ahora gracias a la Ley, tendrán que regularizar su situación.

El negocio de estas compañías no es dar de comer sino asegurarse el control de los datos y los hábitos de los consumidores para controlar el mercado

Esta nueva Ley regulará derechos laborales y aumentará la recaudación pero no por ello elimina la precariedad ni saca de la marginalidad a estos trabajadores porque la comida a domicilio esconde una gran perversión. Aparentemente, las compañías llamadas FoodTech son empresas que aprovechan tecnologías como el internet de las cosas, el Big data y la inteligencia artificial, entre otras, para transformar la industria agroalimentaria en un sector más moderno, sostenible y eficiente.

Sin embargo, el negocio de estas compañías no es dar de comer sino asegurarse el control de los datos y los hábitos de los consumidores para controlar el mercado. Las App de reparto no son aliadas sino una auténtica amenaza para los propios restaurantes. ¿Por qué? Porque lo importante para estas empresas, que no pagan los impuestos aquí, no es apoyar la hostelería local, sino todo lo contrario, destruirla. Analizan los hábitos de consumo y los modifican, creando otros nuevos guiados por el máximo beneficio y, por tanto, con calidades alimentarias ínfimas. La aparición en grandes ciudades de las cocinas fantasmas es una prueba de ello.

El pequeño hostelero, al externalizar la gestión de su clientela (marketing, gestión de cliente, distribución), contribuye a alimentar esa máquina y, además, paga abusivas comisiones de hasta un 40% por ceder el reparto. Un “regalo” envenenado que termina ahogando al establecimiento. Ese veneno sirve para sobrevivir en estos tiempos pero aunque España sea un país de bares, los hábitos van a cambiar con este proceso de uberización o amazonización eliminando restaurantes como en su día eliminaron librerías. Todos defendemos al pequeño comercio, pero luego compramos en marketplaces por sus precios y por la rapidez de entrega. Por desgracia, en nuestros consumos solo valoramos el dinero y el tiempo.

Repartidores precarios, hosteleros ingenuos, empresas tecnológicas impunes, consumidores desprotegidos, ciudadanos manipulados y legisladores dormidos

Estas compañías, en régimen de oligopolio, están llevando a cabo una peligrosa práctica colonizadora y provocando una pérdida de soberanía alimentaria, es decir, una quiebra del modelo de nuestra dieta mediterránea que traerá, en poco tiempo, serios problemas de salud pública (obesidad infantil, enfermedades cardiovasculares…) que pagaremos entre todos. Además, nos enfrentamos a la pérdida de derechos como consumidores. ¿Cómo podemos reclamar a una compañía cuya sede social está California?

A las grandes compañías tecnológicas les regalamos nuestros comportamientos ya que han creado algoritmos para que seamos manipulados. Ya saben, si la App es gratis, el producto eres tú. ¿Cuál es la solución? Regular. En Europa, los parlamentos no han sabido combatir este fenómeno y los cambios van tan rápidos que, a este paso, van a legislar cuando el daño ya esté hecho. ¿Cómo es posible que estas compañías que tienen beneficios multimillonarios y que operan en España no contribuyan a las arcas públicas?

La receta es bien sencilla: repartidores precarios, hosteleros ingenuos, empresas tecnológicas impunes, consumidores desprotegidos, ciudadanos manipulados y legisladores dormidos. Y aquí está el dilema, si esto es un problema de todos es un conflicto social y económico. Comer no es una actividad privada sino un acto político global que encierra una fuerza transformadora de estilos de vida y de justicia alimentaria.

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