No sólo el fraude es motivo de reivindicación para el Defensor del Pueblo. En su resolución también exige a la Junta varias "mejoras" en diversos criterios que conciernen a la baremación que abre o cierra la puerta de un colegio a un menor. El aspecto que más polémica puede levantar es la pertenencia a una familia monoparental. Este concepto todavía no ha quedado suficientemente aclarado por la Consejería de Educación, para cuya definición se ciñe a la Ley de Fiscalidad Complementaria del Presupuesto: "tendrá la consideración de familia monoparental la formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno u otro".

Su valoración en el baremo es de 2 puntos, al igual que los hijos de familia numerosa, lo que propició que bastantes padres con un hijo fingieran una separación para conseguir dicha puntuación. La Junta intentó ponerle freno a la picaresca hace dos años cuando incluyó como condición indispensable para acreditar tal situación la copia autenticada del libro de familia o la sentencia de divorcio. Pese a ello, los fraudes han continuado y son varios padres los que se separan de derecho para obtener los puntos.

Chamizo pide ahora que el concepto de familia monoparental se extienda e incluya a "los niños nacidos de parejas de hecho cuya convivencia ha cesado, o a aquellos otros cuyos progenitores, habiendo contraído matrimonio, viven separados de hecho, aunque no de derecho". Y todo ello con la finalidad de "no excluir a nadie", pese a lo cual pide a la Administración que vigile "la picaresca" en este asunto que, por otro lado, ya provocó las críticas de los colegios católicos el año pasado. En aquella ocasión la Federación de Escuelas Religiosas en Andalucía (FERE) fue bastante distinta: "Una madre que nunca se ha casado ni divorciado ni separado tampoco puede demostrar que ella y su hijo constituyen una familia monoparental". La FERE animaba, incluso, a los padres que se quedaran sin plaza a reclamar ante los tribunales la que le ganara una familia monoparental. No parece que las intenciones de Chamizo vayan por igual camino.

Otro de los criterios para los que el Defensor del Pueblo exige su cambio es la renta anual de la familia monoparental, de manera que deje de tomarse en consideración la de dos años atrás, como ahora se realiza. "Esta información no refleja la situación económica real de unos padres cuando solicitan la plaza", lo que provocó que a principios de este curso bastantes familias se quedaran sin servicio de comedor al no poder conseguir las bonificaciones de la Junta, ya que en dos años, y con la crisis actual, son muchos hogares los que se encuentran en paro. Por este motivo, Chamizo pide que se tenga en cuenta "únicamente" que a fecha de la presentación de la solicitud la unidad familiar sea beneficiaria del ingreso mínimo de solidaridad o del salario social que ofrece la Junta.

Por otro lado, también cuestiona que el domicilio laboral tenga la misma puntuación que el familiar, y aboga porque éste último sea el que más pondere "para que los menores se eduquen en el entorno social en el que viven". En este último aspecto, FAPA Nueva Escuela ha mostrado su discrepancia, ya que es necesaria la conciliación entre la vida laboral y la familiar.