La patronal andaluza de las VTC, la asociación VTC Andalucía que dirige Pablo García-Trespalacios, ha expresado que el gremio tiene "esperanzas" en que la administración rectifique y permita la viabilidad del sector más allá del plazo límite de octubre de 2022 dado por el Decreto Ábalos (2018). Y añade que esta rectificación debe darse por parte del Ministerio de Transportes, sin olvidar a la administración andaluza como encargada de desarrollar la regulación autonómica de las VTC de aquí a octubre.

De no aprobarse una regulación autonómica antes de octubre de 2022, las VTC sobrantes (que superen la ratio 1 VTC por cada 30 taxis) tendrían que ejercer su actividad fuera del ámbito urbano, solo en el interurbano

En la provincia de Sevilla, el sector de las VTC cuenta con 455 licencias, frente a 2.349 licencias de taxi, según datos al cierre de 2021 del Ministerio de Transportes, aunque en el caso de las VTC estas pueden operar en cualquier punto de la comunidad pese a que tengan su sede fiscal en Sevilla, por ejemplo. En toda Andalucía, a fecha de 3 de enero de 2022, existen 3.282 licencias de VTC, frente a 9.219 autorizaciones para taxis (licencia VT, que permite salir de la ciudad).

Contra la legislación estatal de Ábalos que buscaba reducir a la mínima expresión la actividad de las VTC, el gremio presentó miles de recursos en el Tribunal Supremo que están pendientes de sentencia. "Llevamos estos últimos años esperando sentencia del Supremo. Tenemos esperanza en que prosperen a nuestro favor los miles de recursos que presentamos contra el Decreto Ábalos, que buscaba aniquilar un sector que da mucho trabajo en todo el país y en Andalucía. Si nos dan la razón se invalidaría el Decreto Ábalos", señala el dirigente de la asociación VTC Andalucía, que se ha creado tras su escisión de Unauto. La entidad abrirá en breve su página web (www.uvetece.org).

La patronal señala que el sector da empleo a 3.600 personas en Andalucía pero tiene su potencial de creación de empleo podría llegar hasta los casi 8.500 puestos de trabajo.

La esperanza del sector radica en otras victorias que han ganado en los tribunales desde 2018. En suma, los cambios positivos que se han dado en el gremio siempre han venido de sentencias judiciales, advierte García-Trespalacios.

Otro elemento que da esperanza al sector de las VTC es que, según sus datos, la Junta de Andalucía está trabajando ya en una regulación de las VTC a nivel autonómico que debe aprobarse antes de que expire el plazo límite de octubre de 2022 que da el Decreto Ábalos y que "pronto" pedirán una reunirán con la consejería de Fomento sobre este tema. De no aprobarse una regulación autonómica antes de ese plazo, las VTC sobrantes (que superen la ratio 1 VTC por cada 30 taxis) tendrían que ejercer su actividad fuera del ámbito urbano, solo en el interurbano. 

La patronal andaluza reitera que no se puede eliminar de un plumazo un transporte que existe "porque los ciudadanos nos eligen". "Existimos porque la gente nos coge, nos elige. Por eso estamos y seguiremos estando. Las tendencias de movilidad están cambiando en las ciudades. Esa es la clave de nuestro éxito. Somos un agente más en la movilidad urbana", abunda García-Trespalacios.

El gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas. El Ayuntamiento también lo reclama.

El sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.

El responsable municipal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, aclara "corresponde a la Junta de Andalucía establecer un marco normativo autonómico a partir del cual" los ayuntamientos diseñarán sus ordenanzas locales. "Hasta que dicho marco no esté definido, carece de sentido una mesa de seguimiento" para la futura ordenanza municipal, dijo en respuesta a la edil Eva Oliva, de Adelante Sevilla.

No todas las sanciones prosperan  

Por lo que respecta a las inspecciones y sanciones de la administración a las VTC, el Ayuntamiento de Sevilla asegura que en 2021 la Policía Local de Sevilla ha efectuado 4.450 inspecciones a VTC durante 2021 de las que se derivan 476 sanciones por diversas infracciones, por "el uso indebido de los carriles reservados al transporte público, la captación aleatoria de clientes, circular por "zonas restringidas" o carecer de la obligatoria hoja de reclamaciones", según los datos ofrecidos por durante la Comisión de Control y Fiscalización al gobierno local celebrada en enero por el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera.

Desde la patronal VTC Andalucía se recalca que el Ayuntamiento no es competente para sancionar a las VTC por la actividad de transporte que realizan, por ejemplo no es competente para sancionar por la captación aleatoria de clientes y carecer de la obligatoria hoja de reclamaciones, sino únicamente si hay una infracción de tráfico.

La patronal aclara que hay que ver cuántas de esas 476 sanciones han acabado realmente en multas por parte de la delegación territorial de la Junta, ya que la Policía Local solo es competente para sancionar a VTC si han cometido una infracción de tráfico dentro de la ciudad.

Si se trata de sanciones por la actividad del transporte, la única competente es la delegación territorial de Fomento de la Junta, que debe decidir si admite o no la propuesta de sanción que debe enviarle la Policía Local.

Desde el sector se reitera que no prosperan las denuncias que suelen poner los agentes a conductores de VTC por estar parados con la app encendida y que las VTC pueden pasar por las mismas zonas de la ciudad por las que pasan otros vehículos y taxis. Y alega que los tribunales han tumbado en dos instancias judiciales las restricciones de actividad a VTC en determinadas calles que quería imponer el Ayuntamiento de Granada.