La reapertura de la causa de la formación

Hay macrocausa de los cursos para rato

Varios agentes de la UCO durante una operación en Sevilla Varios agentes de la UCO durante una operación en Sevilla

Varios agentes de la UCO durante una operación en Sevilla / josé manuel vidal / EFE

La denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que la juez Mercedes Alaya dibujó una supuesta “red clientelar” para la concesión de las ayudas va camino de eternizarse, después de que la Audiencia de Sevilla haya decidido esta semana reabrir la investigación que archivó María Núñez Bolaños con el beneplácito –e incluso la petición previa– de la Fiscalía Anticorrupción.

Cuando se produce una decisión tan trascendente como ésta, suele suceder que la decisión acordada por el tribunal, la revocación del archivo, eclipse otros aspectos relevantes que se incluyen en los 85 folios del auto de la Audiencia.

Para empezar, no puede pasar por alto el extraordinario retraso con el que el tribunal ha dictado este auto. El archivo se acordó por la juez Bolaños el 11 de octubre de 2016 y no ha sido hasta ahora –el auto tiene fecha del 1 de julio– cuando la Audiencia ha resuelto el recurso planteado por el PP, estimándolo parcialmente. Es cierto que en el retraso han influido los diversos avatares por los que ha atravesado la Sección Primera para la formación de la Sala que debía deliberar el recurso del PP, después de que inicialmente se designara como ponente al magistrado Pedro Izquierdo –que fue recusado– y luego a Juan Antonio Calle, que fue sustituido tras ser designado para celebrar el juicio del “procedimiento específico” de los ERE.

La Audiencia ha tardado casi tres años en resolver el recurso del PP contra el archivo

La enorme demora llevó incluso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a mostrar su preocupación y a tratar de agilizar las sustituciones de magistrados en la Sección Primera.

Desde hacía unos meses atrás circulaban rumores y especulaciones en los mentideros jurídicos sevillanos sobre la posibilidad de que el archivo de la “pieza política” de los cursos fuese revocado, como finalmente ha ocurrido. Y al haber ordenado la reapertura de la causa, parece que se confiere una supuesta justificación, que en realidad no existe, a los casi tres años de incomprensible retraso.

¿Qué se diría de la Audiencia si después de toda la demora se hubiera limitado a confirmar el sobreseimiento de la causa? Una investigación que, no debe olvidarse, fue la última operación que la juez Alaya, no sin serias dudas, autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo de 2015, un poco antes de solicitar la plaza de magistrada en la Audiencia y de que se montara el escándalo por sus críticas a su sucesora, lo que determinó que el TSJA y el CGPJ rechazaran su comisión de servicio para continuar instruyendo las macrocausas.

Pero salvando el retraso en el dictado del auto por parte de la Audiencia, lo sustancial es que la resolución ordena la reapertura de las investigaciones, aunque lo hace con algunos matices relevantes que, a la larga, van a provocar que las diligencias se prolonguen nuevamente durante al menos varios años más.

No es que la Sala haya adoptado la reapertura de la investigación a la ligera ni mucho menos, tiempo ha tenido para analizar los miles de folios que componen la “pieza política” de la formación, pero tal y como se ha acordado es inevitable que haya un nuevo parón.

Formalmente, la Audiencia ordena a la instructora en la parte dispositiva que haga tres cosas: 1. Que practique las pruebas “ya admitidas y pendientes”. 2. El examen por la UCO, “con la asistencia de un interventor de la Junta de Andalucía y otro de la Intervención Genral del Estado de los expedientes precintados en el SAE” que mencionaba el PP, “a fin de cotejar los examinados ya en el procedimiento a través de las aplicaciones informáticas con los expedientes físicos y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención”. Y 3. Que se practiquen “aquellas otras diligencias que, con absoluta libertad de criterio y en base a lo que se contiene en el presente auto, entienda la magistrada que fueren precisas para un total esclarecimiento de los hechos”.

En cuanto al primero de los puntos decididos –las pruebas admitidas y pendientes–, esto supone en la práctica la labor de volver a revisar los miles de folios que integran el sumario para determinar qué diligencias no se han practicado en los últimos cuatro años, desde que Bolaños asumió en 2015 las riendas de la instrucción de las macrocausas.

Sobre los expedientes “precintados” en las dependencias del SAE, destaca en primer lugar que tal precinto fue levantado en 2017 por la instructora a petición de la Consejería de Empleo. Los documentos llevaban guardados desde agosto de 2014 por la UCO, pero esta unidad había descartado desde hace años la investigación de los mismos. Ahora, por orden de la Audiencia, deberá examinarlos.

La magistrada María Núñez Bolaños. La magistrada María Núñez Bolaños.

La magistrada María Núñez Bolaños.

El auto de la Sección Primera dice que los expedientes tendrán que ser examinados por los agentes de la UCO y los dos interventores, para lo cual habrá primero que proceder al nombramiento de ambos interventores como peritos.

Tampoco explica la Sala cómo debe hacerse materialmente esa inspección y si, al término de la misma, cada uno debe hacer un informe sobre los expedientes, si ese análisis debe hacerse de manera individual o conjunta, etc. etc. de tal forma que será la instructora la que deba marcar las directrices sobre cómo realizar el trabajo.

Y la decisión que adopte la magistrada podría desembocar en nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla por parte de las acusaciones en caso de que no estén de acuerdo en la decisión de la instructora, lo que implica nuevas idas y venidas de los autos a la Audiencia para su resolución.

De esta forma, la pieza política puede prolongarse, según las estimaciones más optimistas que hacen algunas fuentes consultadas por este periódico, durante al menos otros dos años más.

Y todo ello a pesar de que la Audiencia de Sevilla coincide con la juez y la Fiscalía Anticorrupción en que no existen indicios de la existencia de una “red clientelar” para el reparto de fondos públicos entre determinados entramados empresariales afines al PSOE, que es lo que se investigaba en esta “pieza política” de los cursos de formación, dado que hay otras líneas que siguen en instrucción por la concentración de ayudas en determinados empresarios, como el que dirige el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

Los 24 ex altos cargos investigados seguirán sufriendo los perjuicios de la pena de banquillo

Y mientras tanto los que seguirán sufriendo perjuicios son los 24 ex altos cargos y funcionarios que fueron detenidos de manera espectacular en la operación Barrado en marzo de 2015, cuya causa se archivó el 11 de octubre de 2016, y que ahora, casi tres años después, vuelven a quedar en una situación de verdadera incertidumbre durante varios años más.

Al final, cuando se dirima su situación jurídica, puede que pasen seis o siete años de pena de banquillo. La lentitud de la Justicia sigue causando estragos.

Una de las ex altos cargos detenidas en la operación Barrado, realizada por orden de Alaya en marzo de 2015. Una de las ex altos cargos detenidas en la operación Barrado, realizada por orden de Alaya en marzo de 2015.

Una de las ex altos cargos detenidas en la operación Barrado, realizada por orden de Alaya en marzo de 2015. / juan carlos muñoz

La Intervención no apreció delitos, sólo irregularidades administrativas

Los interventores que prestaron declaración ante la juez María Núñez Bolaños antes de que la instructora acordara el archivo de la causa –a instancias de la Fiscalía Anticorrupción– pusieron de manifiesto que sólo observaron irregularidades administrativas, pero no delitos. Así, el interventor general en la provincia de Granada, Miguel Ángel Gutiérrez, dijo que tiene “serias dudas de que se haya incumplido la legalidad porque, aunque “parece que había un mal uso de la subvención”, en principio lo que detectan son “irregularidades administrativas o contables”.

Por su parte, el interventor en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, coincidió en que el informe especial que elaboraron de los años 2009 a 2012 se hizo en un “entorno administrativo, con los procedimientos administrativos”, dado que no pensaban que “pudiera tener esta derivación”, en alusión a la investigación judicial. Los otros interventores delegados en las provincias se pronunciaron en términos similares y señalaron que no había ningún expediente perfecto, todos tenían “irregularidades administrativas”.

El Tribunal de Cuentas rechazó la existencia de menoscabo de fondos públicos

El Tribunal de Cuentas archivo en junio de 2018 la causa por las ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para los cursos de formación en los años 2009 y 2010, al considerar que las subvenciones relacionadas con estas actividades de formación no han generado menoscabo de fondos públicos para las arcas de la Junta. Ésta es la principal conclusión que llevó al Tribunal de Cuentas a archivar la actuaciones iniciadas en relación con las subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo de los ejercicios de 2009 y 2010, donde el Alto Tribunal no ha apreciado “responsabilidad contable”.

Entre las ayudas investigadas se encuentran las que fueron otorgadas en su día al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda para la realización de los cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi, hechos que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante acordó el archivo del procedimiento de reintegro por alcance, después de que ni la Abogacía del Estado, la Fiscalía ni la Junta de Andalucía, presentaran demanda alguna en relación con estas presuntas irregularidades contables que se pusieron de manifiesto con motivo del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

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