El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, ha iniciado los trámites para embargar bienes a 24 ex altos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de la agencia Idea, para hacer frente a las firanzas de responsabilidad civil por otros 40.317.001,21 euros, con lo que desde que se inició la instrucción las fianzas civiles impuestas en este caso se aproximan ya a los 3.000 millones, siendo una de las mayores fijadas en la historia judicial española.

La secretaria del juzgado ha dictado una diligencia en la que recuerda que habiendo transcurrido el plazo de un día que la juez concedió a los imputados para hacer efectivas la fianzas y sin que los mismos hayan señalado los bienes para embargar, se les concede ahora un plazo de diez para que "designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo" por las cantidades mencionadas. La diligencia señala que, en su caso, deberán indicar las "cargas y gravámenes" y si se trata de inmuebles, "si están ocupados por qué personas y con qué título". En el supuesto de que no designen bienes, el juzgado procederá  la búsqueda integral de los mismos para trabar los correspondientes embargos.

En septiembra pasado, Alaya fijó fianzas para 24 ex altos cargos, de las cuales la mayor caución es la que se impuso al ex consejero de Innovación Martín Soler, por importe de cuatro millones. Le siguen el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, al que Alaya reclama 3,4 millones, y el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, con 2,8 millones. Alaya impuso otros 482.790 euros al presidente de Unicaja Braulio Medel y al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, 2,5 millones.

Al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, se le fijó una fianza civil de 152.950 euros; al secretario general técnico de Abengoa José Domínguez Abascal, 159.600 euros; y a Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, otros 212.800 euros. Al ex viceconsejero de Economía José de Haro Bailón se le estableció una fianza de 1,9 millones, y al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz otros 1,6 millones.

En el auto, Alaya justificó la imposición de la fianza al ex interventor de la Junta Manuel Gómez en "razones de Justicia y de equidad", después de que la Audiencia de Sevilla ordenase la imposición de una medida cautelar a la ex asesora de Empleo María José Rofa, a la que inicialmente la magistrada no decretó fianza alguna, al igual que al interventor.

En el auto, la juez reprocha con dureza la actuación del ex interventor Manuel Gómez, por no haber hecho el informe de actuación tras conocer las irregularidades que se estaban produciendo. Dice Alaya que el interventor "no inició, a sabiendas, el procedimiento reglado previsto en el art. 12.5 del Decreto 9/1999 de 19 de enero a través del Informe de Actuación que hubiese concluido necesariamente con la cuestión sometida a la consideración del Consejo de Gobierno, si antes no se manifestaba la conformidad y se cumplían las recomendaciones por la Consejería de Empleo y por la Consejería de Innovación".

En cambio, la juez advierte que Manuel Gómez "intencionadamente emitiría el llamado informe adicional al de cumplimiento para presuntamente no forzar a los responsables políticos (consejeros implicados y Consejo de Gobierno) a tener que pronunciarse sobre el tema, con independencia del conocimiento que los mismos tuvieran".

En cuanto a la fianza al ex consejero de Innovación Martín Soler, Alaya destaca la "expresa vulneración" del contenido del artículo 38 de la ley general de la Hacienda Pública andaluza que determina que "los créditos presupuestarios son limitativos y vinculantes, pues autorizó el abono de una subvención de 450.000 euros a la entidad Abantia Ticsa" concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 con los fondos de la Consejería de Innovación.

Sobre el que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz, la instructora concluye que al igual que el resto de los vocales del consejo rector de Idea, "aunque si cabe con mayor profundidad, sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L", a través del uso inadecuado de las transferencias de financiación y "omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones".

La magistrada añade que el jefe del gabinete participó "en ese actuación abiertamente al margen del derecho" y a pesar de que éste funcionario era "uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta de Andalucía".