El antiguo jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, ha acusado este jueves a la delegada de Empleo y directora provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del SAE, María Auxiliadora de Nova, de haberle obligado a expedir los diplomas de 25 cursos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que en realidad no se habían dado.

En su cuarta jornada de declaración ante la juez Mercedes Alaya, el funcionario ha afirmado que estos dos directivos del SAE le “impusieron” la obligación de expedir los diplomas para esos 25 cursos de la Faffe de entre 2009 y 2010 en Sevilla, a pesar de que dichas actividades formativas no figuraban como realizadas en la herramienta informática denominada Gefoc (Gestión de Formación de Cursos), según han confirmado fuentes del caso.

El testigo ha admitido, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que expidió los diplomas, aunque sostiene que dejó constancia “por escrito” de su negativa a la expedición de los mismos.

Aunque Teodoro Montes sólo se ha referido a estos 25 cursos de la Faffe en Sevilla, las mismas fuentes han precisado que en su testimonio ha arrojado “muchas sospechas” sobre otros tantos cursos de esta fundación que no se habrían dado.

De hecho, en la declaración ante la Guardia Civil que prestó el 22 de agosto de 2013, Teodoro Montes ya afirmó que hay unos 450 cursos divididos en dos partidas de los años 2009 y 2010 que administrativamente según el departamento de gestión, “encargado del control y seguimiento, no se puede certificar su materialización”. En esa declaración, el funcionario dijo que una vez que el SAE se subrogó a todas las obligaciones de la Faffe, “personal del mismo acude al SAE y participa en la gestión, alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos”. Teodoro Montes añadió que, ante su queja, personal “subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna”, motivo por el cual presentó una denuncia en los juzgados de Sevilla.

De otro lado, Teodoro Montes ha sido nuevamente interrogado, en este caso por la Fiscalía, respecto a su denuncia sobre el cobro de comisiones por parte de las organizaciones sindicales y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Con respecto a los sindicatos, según las fuentes consultadas, el testigo ha ratificado sus anteriores manifestaciones respecto a que estas organizaciones habían recibido comisiones “sin cabida normativa”.

En cuanto a la CEA, a la que en principio también incluyó en el cobro de comisiones y al día siguiente se retractó, la juez le ha preguntado expresamente al testigo si se creó una “red de entidades” que se “lucraban” al acceder a la multiplicidad de cursos que se concedían a la patronal empresarial y que eran derivados a estas empresas, que ejecutaban los cursos en sus instalaciones y con sus propios docentes. Teodoro Montes respondió afirmativamente a la juez e incluso apuntó en relación a esta supuesta red de centros colaboradores con la CEA que “sería interesante ver quién está al frente y sacar conclusiones”, aunque sus afirmaciones, según algunas fuentes consultadas, no dejan de ser insinuaciones sobre los intereses que pudiera haber tras esa red de empresas que realizaban los cursos concedidos a la CEA.

Otras fuentes consideran que, en cualquier caso, no habría irregularidades en esa cesión de los cursos, puestos que la subcontratación estaba permitida legalmente y la responsabilidad última sería de la patronal, que a efectos de las ayudas era la que ejecutaba los cursos.

La comparecencia del funcionario –que lleva declarando en total ya casi 18 horas- se inició esta mañana con dos horas de retraso sobre la hora fijada y, al comienzo de la misma, Teodoro Montes solicitó reunirse con la juez Alaya y el fiscal delegado Anticorrupción a solas. Ese encuentro, cuyo contenido no ha trascendido, duró unos seis minutos y en el mismo no estuvieron presentes los abogados que representan a la Junta de Andalucía y a los ex consejeros de Empleo y Hacienda Antonio Fernández y Ángel Ojeda.

La declaración continuará mañana con las preguntas que formule la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en esta causa en la que se investiga el fraude en los cursos de formación.