La investigación de las supuestas irregularidades del uso de las subvenciones de la Junta de Andalucía en los cursos de formación se extiende por todo el mapa de Andalucía a excepción, por ahora, de la provincia de Jaén. En la actualidad, y de acuerdo con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, una decena de juzgados de instrucción ha abierto diligencias previas por presunto fraude y malversación de caudales públicos.

En Sevilla, el Juzgado de Instrucción número 16 -el mismo que instruye el caso Invercaria-, el de Instrucción número 9 y del de Instrucción número 6 -con Mercedes Alaya al frente de la instrucción de los ERE y las facturas falsas de UGT- tienen abierta la investigación de este fraude.

En Málaga es el Juzgado de Instrucción número 8 el encargado de la investigación, mientras que en Almería es el de Instrucción 4. En Granada, es el Juzgado de Instrucción número 1, en Huelva lleva todo lo relacionado con el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta el Juzgado de Instrucción número 5 y en Córdoba es el Juzgado número 8 el que instruye el caso.

En Cádiz, es el juzgado de Instrucción número 3 el que investigado el fraude en los cursos aunque en esta fase de la operación -la relativa a la detención de Ángel Ojeda- ha sido el juzgado de Instrucción número 2 el que ha coordinado las diligencias.

Las pesquisas se centraron inicialmente en Málaga, donde la UDEF detectó irregularidades en 17 de las 20 empresas beneficiarias de las subvenciones. La Fiscalía de Málaga acordó en mayo de 2013 iniciar unas diligencias de investigación al recibir un informe de la sección de investigación de la Seguridad Social de la UDEF en el que se aludía a irregularidades en la obtención de ayudas por parte de empresas en el marco de los planes de promoción de empleo del Servicio Andaluz de Empleo.