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Fraude en la formación

El ex consejero Ojeda recurre para que Alaya no le investigue por las ayudas a los cursos de formación

  • Su defensa alega que no se ha acreditado que la causa que instruye la sea la misma que la abierta en Cádiz.

El ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda ha presentado un recurso ante el juez de Instrucción número 2 de Cádiz, al que solicita que mantenga su competencia para investigar las presuntas irregularidades en las ayudas que recibieron sus empresas en contra de la juez Mercedes Alaya al considerar que no se ha acreditado que esta magistrada esté investigando los mismos hechos.

En un escrito presentado en el juzgado de Cádiz, el abogado Juan Carlos Alférez, que representa a Ángel Ojeda, considera que el auto dictado recientemente por el magistrado Miguel Ángel López Marchena inhibiéndose a favor de Alaya es "contrario a derecho y lesivo para los intereses" del ex alto cargo andaluz.

 

Dice el defensor que existe un "cierto caos o desorden definitorio" en torno a cuáles son con claridad los objetos procesales de ambas investigaciones y explica que las diligencias de la juez Alaya se abierto por las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales a las empresas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura –vinculadas a Ojeda- desde la "perspectiva del órgano concedente", por lo que la investigación se circunscribe a una actividad delictiva presunta en grado de cooperación necesaria de delitos cuya comisión viene reservada a funcionarios públicos, en alusión a la prevaricación y malversación.

 

En cambio, la investigación abierta en Cádiz tras el atestado remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, el objeto de la misma son delitos cometido no por el órgano concedente sino por el "beneficiario de determinadas subvenciones en materia de formación, en concreto, por Humanitas, y más en concreto, presuntas irregularidades cometidas en la gestión y justificación de dichas subvenciones".

 

La defensa alega que en ningún caso en el atesto de la Udef "puede colegirse que se estén investigando en exclusiva subvenciones excepcionales tramitadas y concedidas directamente por el consejero de Empleo en su condición de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es precisamente lo que la magistrada de Sevilla informa en su auto que es el objeto exclusivo de su investigación".

 

Por ello concluye que, a día de hoy, "no existe acreditación de que en juzgados diferentes se estén investigando los mismos hechos: el auto dictado por el juzgado número 6 de Sevilla, en sí mismo y sin más elementos acreditativos, no es ni prueba ni demostración per se, que justifique afirma la primera de las máximas contenidas en el auto ahora recurrido, es decir, que nos encontramos ante dos juzgados que investigan los mismos hechos".

 

Además, considera la defensa, que tampoco está acreditado que la juez Alaya investigue "las mismas y exactas subvenciones que las contenidas en el atestado de la Udef definitorio del objeto de la presente instrucción criminal y por ello, el auto recurrido debe ser reformado".

 

Para el abogado de Ojeda, si no se puede concluir que el objeto de ambas investigaciones sea el mismo, "tampoco es posible constatar que sea el juzgado de Sevilla el primero que haya iniciado la investigación" y que es el motivo principal que marca la competencia de uno u otro juzgado. El letrado señala a este respecto que el auto de la juez Alaya en el que imputó a Ángel Ojeda, dictado el pasado 11 de septiembre, no acredita, ni refiere ni ofrece datos concretos para conocer desde cuándo se ha dirigido la investigación contra el ex consejero, mientras que el juzgado de Cádiz incoó las diligencias el pasado 28 de julio. El hecho de que Alaya abriera las diligencias sobre el fraude en los cursos de formación no puede ser tenido en cuenta, según la defensa, porque "lo parcialmente relevante no es la fecha de apertura sino la fecha concreta en la que un juzgado pueda acreditar que investiga una concreta y exacta actividad delictiva contra una persona o empresa determinada".

 

La juez Mercedes Alaya acusó recientemente al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés de usar "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

En un reciente auto, Alaya se colocó a la vanguardia de las investigaciones de los cursos de formación con la imputación en la causa de Ángel Ojeda, segundo alto cargo que tendrá que declarar en relación con las subvenciones públicas dirigidas a la formación de parados tras la implicación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

 

En el auto dictado el pasado día 11 de septiembre, la magistrada fundamentó la imputación de Ángel Ojeda -que ya fue detenido en agosto pasado por otro juzgado de Cádiz por los mismos hechos que investiga Alaya desde hace más de un año- en el informe de la dirección general de la Inspección de Trabajo, que alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.

Alaya señalaba que "en poco más de año y medio" las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas en el grupo Prescal, habrían recibido con cargo al programa 32D del plan para los ex trabajadores de la multinacional automovilística Delphi la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de "subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo ello a través de cinco asociaciones controladas por el ex alto cargo autonómico: AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Las ayudas fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2009 y habrían sido obtenidas por Ojeda, precisó la magistrada, "gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos".

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