El abogado Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís (EJV) y que está imputado en el escándalo de los ERE fraudulentos, ha denunciado las "graves irregularidades" que a su juicio se han cometido en la operación Heracles I -contra el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta- y ha pedido a los responsables políticos del Ministerio del Interior y de la dirección del Instituto Armado que lo investiguen.

El letrado, en un comunicado, insiste en que los fondos que gestionó su bufete no tenían un origen público y emplaza a que se exijan responsabilidades y se "comprueben las graves irregularidades cometidas por los agentes que comandaron la operación Heracles 1, por cierto, desarrollada en sus primeras horas de la forma mas humillante y dañina para la imagen de los afectados, y por los agentes firmantes de los atestados 33, 60 y 80, ya que a pesar de tener toda la documentación a su disposición, siguieron manteniendo que los fondos recibidos provienen del erario público andaluz".

El letrado, que ha enviado un escrito al juzgado con un estudio de los movimientos de la cuenta de la Faja Pirítica, la contabilidad de Uniter, y de la cuenta de su propio despacho, asegura que el atestado 33 de la Guardia Civil, sobre la operación Heracles I, recoge una información "absolutamente incorrecta, y omite información que la Unidad Central Operativa (UCO) tenía en su poder, y que hubiera acreditado cuando se produjo la operación, que los fondos recibidos por el despacho ni son públicos ni provienen de la Junta de Andalucía".

El letrado defiende que "los fondos recibidos provienen de Uniter, que a esta entidad se los ha pagado la Asociación de la Faja Pirítica, y que la Asociación ha recibido el dinero proveniente de los trabajadores afectados por la crisis de las minas de Huelva".