La presidenta de la Junta, Susana Díaz, tendrá que prestar declaración ante la comisión parlamentaria que investiga el posible fraude multimillonario en la gestión de los recursos para organizar cursos de formación a través del Gobierno andaluz. El PSOE se opone a que esto ocurra, pero se ha quedado en minoría al perder en este tema el apoyo de Ciudadanos (C's), con cuya ayuda ha ido sacando asuntos tan relevantes como la propia investidura de Díaz o los Presupuestos para 2016.

PP, Podemos y C's han confirmado que incluirán a la presidenta en su primera lista de comparecientes, que los grupos deben presentar el próximo martes 26 para proceder a la votación de cada uno de los nombres propuestos el viernes 29. La mayoría ponderada que suman estos tres partidos será más que suficiente para obligar a Díaz a dar explicaciones en la comisión y superar el voto negativo del PSOE y la probable abstención de IU, que no lo ve "prioritario".

El parlamentario socialista Rodrigo Sánchez consideró que Susana Díaz no debe comparecer en la comisión porque "no tenía responsabilidad de gobierno ni existían convocatorias de formación en el momento que empezó a tener responsabilidades de gobierno".

Una valoración que no comparten PP, Podemos y C's. La portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, nombrada el pasado lunes en sustitución del ahora congresista Carlos Rojas, afirmó que la presidenta debe comparecer porque "sí que tiene responsabilidad" y también para responder a "las trabas que está poniendo a la comisión". En este sentido, indicó que de las 106 solicitudes de documentación efectuadas a la Junta sólo han recibido ocho respuestas positivas. Crespo, además, aseguró que el PP no vetará la comparecencia de nadie y que respetarán esa decisión incluso si se pide la presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. "Aunque tenemos claro que sólo la citarían porque alguien quiere equipararla a Susana Díaz, por eso hay que distinguir bien ambos casos", explicó la portavoz popular.

Podemos también tiene claro que la presidenta debe dar explicaciones. "Los motivos son el fraude y que un día para otro desaparece la formación de Andalucía, donde hay un millón de parados, de cuya decisión Susana Díaz es la máxima responsable", afirmó el parlamentario Juan Ignacio Moreno Yagüe (Podemos).

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, por su parte, aseguró que "nadie que pueda aportar luz se va a escapar de comparecer en la comisión de investigación presidida por C's" y que a su partido "no le va a temblar el pulso a la hora de llamar a nadie".   

Susana Díaz será la tercera presidenta del Gobierno andaluz interrogada en una comisión de investigación parlamentaria, tras las comparecencias de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que fueron llamados por la comisión que investigó el caso de los ERE en agosto de 2012, que finalizó sin conclusiones claras.

La quinta reunión de la comisión no resultó tan gratificante como las anteriores para el PSOE, muy cómodo en que los trabajos se limitaran al "estudio de la ingente documentación". Tras casi cuatro meses operativa, sin mayor avance que "un reglamento para hacer fotocopias", como resumió el PP, la mayoría de los grupos tomó ayer dos decisiones significativas. Poner fecha y hora a la aprobación de las comparecencias de técnicos y responsables políticos y aprobar que los interventores, tanto los provinciales como el general, pasen por la comisión en la tercera semana de febrero.

El PSOE criticó especialmente la segunda de las medidas. Defiende que esta decisión se ha tomado contradiciendo el plan de trabajo previsto y anunció que la impugnará. Algo que el propio presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), no supo decir ayer si es posible hacer. "Habrá que consultar a los letrados, pero la realidad es que los interventores ya han sido citados tras la aprobación por la mayoría ponderada de los grupos", especificó.

Los socialistas aseguraron que la presencia de los interventores el próximo mes es "precipitada" porque aún falta mucha documentación por analizar. "A nosotros no nos ha dado tiempo a estudiarla toda", indicó Rodrigo Sánchez. Sobre todo, apuntaron a la falta de información solicitada al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Empleo y  Seguridad Social.    

La comparecencia de los interventores provinciales  pueden arrojar mucha luz sobre el presunto fraude de los cursos de formación, ya que fueron los responsables de emitir informes en los alertaban de irregularidades en la justificación de las subvenciones gestionadas en cada provincia por las delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).