La Policía Nacional ha imputado a al menos tres personas por su presunta relación con la muerte de tres miembros de la familia Caño Bautista, que fallecieron intoxicados por inhalación de fosfuro de aluminio o fosfina el pasado 14 de diciembre en su domicilio de Alcalá de Guadaíra. Los imputados son los responsables de una empresa de gestión de residuos y de una chatarrería. De la primera salieron presuntamente los tapones de envases de fertilizantes que, al contacto con el agua o la humedad del aire, generaron la fosfina que terminó resultando letal y causando la muerte a Enrique Caño, de 61 años; su esposa, Concepción Bautista, de 50; y la hija mayor del matrimonio, de 14.

La empresa de gestión de residuos tóxicos investigada por la Policía es una entidad con sede en Dos Hermanas -que está perfectamente identificada en el atestado policial- y de una chatarrería de este mismo municipio que le compraba presuntamente los tapones a la primera, según la investigación que ha llevado a cabo el grupo de la Policía Judicial de la comisaría de Alcalá de Guadaíra. A las tres personas las responsabiliza la Policía de tres delitos de homicidio imprudente. Ninguna de ellas ha declarado aún ante la juez de Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, encargada de la investigación del caso, que podría citarles de manera inminente, según informaron a este periódico fuentes judiciales. Estas fuentes también indicaron que el número de imputados podría crecer a medida que avance la instrucción del caso.

En el domicilio de la calle Pesadora en el que vivía la familia Caño Bautista, la Policía Nacional halló más de mil tapones de plástico almacenados en una bañera. Estos desechos tenían que haber sido destruidos por la empresa de gestión de basuras de Dos Hermanas, que cuenta con una subvención de la Junta para la eliminación de los residuos peligrosos. La Policía cree que en vez de encargarse de la destrucción de los tapones -o de contratar a otra empresa autorizada para ello, como hicieron en otras ocasiones-, los responsables de esta planta de reciclaje se los habrían entregado a una chatarrería de Dos Hermanas, que no estaba autorizada por la Junta para el tratamiento de esos residuos. Los chatarreros habrían incluso pagado un dinero a cambio de los tapones, asegurando a la primera empresa que se encargarían de la eliminación de los mismos con garantías.

Todos los tapones llevaban una etiqueta que alertaba de la peligrosidad de las sustancias que contenían los envases. La investigación policial habría determinado que en la chatarrería se les retiraron estas etiquetas y no se destruyeron los tapones, sino que con ellos se pagaba a personas que iban a vender chatarra. Una de estas personas que recibió los tapones en pago a cambio de mercancía podría haber sido Enrique Caño, el cabeza de familia, que se encontraba en paro y trataba de obtener unos ingresos extras revendiendo luego estas piezas de plástico. Esto explicaría la elevada cantidad de unidades que se acumulaban en una bañera de su casa.

Precisamente el cuarto de baño era el lugar más peligroso para guardarlos, ya que la fosfina se genera en contacto con la humedad. La noche del 13 al 14 de diciembre de 2013 se produjo una reacción química en el domicilio de la familia, en la barriada de Rabesa, que terminó resultando letal. La primera intoxicada fue la hija mayor del matrimonio, de 14 años. Sus padres llamaron al servicio de emergencias sanitarias del 061 alertando de que sufría un cuadro de náuseas y vómitos a las 2:55 de la madrugada del 14 de diciembre. Horas más tarde, a las 09:09, volvieron a llamar pero ya la niña estaba en parada cardiaca y los padres sufrían los mismos cuadros. La menor falleció poco después de esa segunda llamada y los padres murieron a las 17:15 y las 18:00 en el Hospital de Valme.

La Policía abrió una investigación para determinar las causas de la muerte, en la que se llegó a barajar la teoría de la contaminación alimentaria, que se descartó poco después. Las autopsias a los cuerpos no revelaron ninguna sustancia extraña, ya que la fosfina se diluye al poco tiempo de haber entrado en contacto con el aire. No fue hasta varios días después cuando la Policía dio con la clave del caso, en una de las numerosas inspecciones que se hicieron en el piso de la familia Caño. En uno de los más de mil tapones hallados en la vivienda permanecía la etiqueta que alertaba de la peligrosidad de los envases. Los investigadores creen que esta etiqueta se habría quedado pegada al tapón por olvido de quienes se las habían retirado a todas las demás piezas, posiblemente en la chatarrería.

A partir de esta etiqueta, la Policía reconstruyó el ciclo que habían realizado los tapones hasta dar con la empresa de tratamiento de residuos y la chatarrería de Dos Hermanas. También se investigó otra entidad que se encargaba antes de la destrucción de estas piezas, que está autorizada para ello por la Junta y que lo hacía de manera correcta, según pudo averiguar la Policía. Sin embargo, la empresa de Dos Hermanas rescindió el contrato con esta subcontrata y optó por venderles los tapones a los chatarreros.