La cantinela política de "arrimar el hombro" y "apretarse el cinturón" en estos tiempos de crisis va a llegar a los ayuntamientos. El toque de atención dado la semana pasada por el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, recomendando una revisión salarial de lo que cobran los alcaldes y los empleados municipales ha calado, y las reacciones no se han hecho esperar. El PSOE pidió ayer a sus regidores que, tomando como referencia el sueldo de un parlamentario, se apliquen un recorte del 15%, y el que cobre más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que tenga una bajada mayor. El PP está por la abrir una negociación, aunque con matices. De manera paralela quiere que se aborde lo que cree es una asignatura pendiente: las retribuciones de los altos cargos de las empresas públicas.

La tijera socialista a la nómina de los alcaldes, no obstante, no es una idea original de su dirección regional ni es sólo por las palabras de Toscano. Desde Ferraz, de acuerdo con el plan de austeridad impulsado la pasada semana por el Gobierno central, se acaba de remitir una circular interna aconsejando que, al igual que se ha pedido un esfuerzo al funcionariado, es hora de que lo hagan quienes gobiernan y, para ajustarlo al nivel de responsabilidad, hacerlo por tramos de población.

La idea va a ser puesta en práctica de inmediato en Andalucía, donde ya se ha hecho en el Parlamento. En la primera reunión del Consejo Territorial de la era Griñán, celebrada ayer, se puso sobre la mesa la necesidad de este ajuste. El tope máximo serán los 81.150 euros anuales de Griñán y la referencia para aplicar una rebaja del 15% será el sueldo de un parlamentario, aunque en el caso de que la nómina del edil sea inferior, el recorte será proporcional.

Esta frontera salarial no es más que una mera recomendación. De hecho, el Gobierno andaluz no tiene competencias para regular lo que cobran los alcaldes. Pero desde el Ejecutiva regional socialista se considera que es el momento propicio para que este asunto se afronte. En primer lugar, por la asfixia financiera que soportan los ayuntamientos, una situación derivada en parte por el alto volumen de abultadas nóminas que hay que pagar. Y en segundo, porque el Ejecutivo central tiene pendiente de reforma la Ley orgánica de Bases de Régimen Local. Una norma que, como recordó el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, es un "buen instrumento para una unificación de ese calado".

A pesar de esta limitación competencial, este debate se puede acometer a nivel regional en la FAMP. En este órgano podría llegarse a un acuerdo multipartito para poner coto a las elevadas cifras que algunos se embolsan mensualmente.

El PP está por la labor. En Madrid y en Sevilla, sus direcciones nacional y regional están dispuestas a esa reducción de los salarios de su cúpula en idéntica proporción al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Y parece que ya el mensaje ha llegado a otros niveles. Algunos de sus alcaldes ya han tomado la delantera. Tal es el caso del de Huelva, Pedro Rodríguez, uno de los regidores que está dentro del cupo de los que cobran más que Griñán, con 97.182 euros. Rodríguez anunció una propuesta de reducción, pero que será la que haga el PP y no la del PSOE. Los socialistas onubenses demandan una bajada del 17%, porque sólo así lo que percibe cada regidor se quedaría por debajo del salario del presidente de la Junta. Su homólogo en Granada, José Torres Hurtado, también ve conveniente la medida, al igual que el de Málaga, Francisco de la Torre, que de acuerdo esta vez con PSOE e IU, ha anunciado su intención de disminuir su paga en esa línea del 15%. Otra cosa es lo que pase con los altos cargos de este Consistorio, un grupo en el que hay quienes ingresan 140.000 euros.

Esta realidad, es precisamente, una de las cuestiones que la dirección regional del PP quiere resolver. Tal y como explicó su secretario general, Antonio Sanz, dentro de su disposición a discutir con el PSOE los sueldos de los regidores y corregir los "desajustes" que hay en las asignaciones del personal en los ayuntamientos, también quiere incluir en el paquete las empresas públicas. Este último punto podría ser un escollo. En una primera fase de recortes, la Junta intentó limitar los salarios de los responsables de estos entes, pero sólo lo hizo donde la participación de la Junta era mayoritaria y no operaban en el mercado.