La coordinadora de Empleo del PP andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, anunció ayer que su partido estudia recurrir ante los tribunales sendas resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en las que se les deniega la información solicitada sobre el fraude de los ERE y de los cursos de formación. "Sólo cabe que haya sido una orden política de Susana Díaz", denunció Ruiz-Sillero para después acusar a la presidenta de la Junta de utilizar al mencionado organismo como "barrera" para que no se conozca el fraude.

Tras subrayar que el Consejo de Transparencia debe ser "imparcial", la diputada y portavoz del PP en la comisión de investigación de los cursos de formación se quejó de que dicho órgano pida que no se le utilice para hacer "la labor de fiscalización" y, sin embargo, no reproche a la Junta que no facilite información sobre el dinero defraudado de los ERE y los cursos de formación, así como el dinero recuperado en ambos casos.

Según Ruiz-Sillero, el Consejo de Transparencia de Andalucía argumenta que los diputados deben "escoger" entre dirigir una pregunta al Consejo de Gobierno en el Parlamento o solicitar información a dicho órgano, por lo que considera que el PP intenta "excederse" en su tarea de control al Ejecutivo. "Como ya he preguntado al Consejo de Gobierno, ¿no puedo solicitar información al Consejo de Transparencia?", se cuestiona la dirigente popular, que acusa al órgano de arrebatarle sus "derechos" como diputada y como ciudadana.

"Es inconcebible que se haya creado el Consejo de Transparencia de Andalucía para amordazar al Partido Popular", insistió Ruiz Sillero, que aludió a sendas sentencias del Tribunal Supremo que señalan que la aprobación de la ley estatal de transparencia "refuerza" el derecho de los diputados al acceso a la información. Así, sostuvo que la ley de transparencia tiene que suponer "un plus añadido", por lo que criticó que en Andalucía un diputado autonómico tenga "menos derechos".

"El Gobierno de Susana Díaz está constantemente quitando derechos a los legítimos representantes del PP, a los que pretende amordazar", reiteró la portavoz popular de Empleo. Además, vaticinó que probablemente se les acusaría de "judicializar" la vida política si recurren las resoluciones, pero lo ha justificado porque "constantemente nos quitan derechos". "No se puede consentir que Susana Díaz vuelva a utilizar un organismo público para que no se dé información", apostilló Ruiz-Sillero.