El Gobierno andaluz remitirá este trimestre al Parlamento la normativa que reducirá las trabas burocráticas que afectan al desarrollo de la actividad económica, con el objetivo de facilitar la creación de empresas mediante la agilización de los procedimientos administrativos. El Consejo de Gobierno ha analizado un informe de la Consejería de Economía para mejorar la regulación sobre las actividades económicas, fruto del cual se elaborará un Mapa de Procedimientos de Autorización que servirá de base para la nueva normativa y que se centrará en los sectores de mayor peso económico.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que en el informe se han analizado 1.313 procedimientos administrativos competencia de la Junta, con especial atención a los 691 que se vinculan al desarrollo de actividades económicas. De estos últimos, desde junio de 2011 ya se han simplificado 156, más de la mitad de ellos sustentados en normativa autonómica.

Según Jiménez Barrios, las nuevas medidas previstas mejorarán las 535 restantes (315 con fundamento en la legislación estatal y 220 basadas en la autonómica), además de iniciar líneas de agilización para los trámites de ámbito local. La normativa que prepara el Gobierno andaluz, con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos, abordará directamente los 220 procedimientos con fundamento exclusivo en la normativa autonómica.

La Junta modificará fundamentalmente aquellos trámites que puedan facilitar la inversión productiva en los sectores económicos más relevantes, e introducirá medidas para reforzar los derechos de consumidores, trabajadores y empresas, y evitará duplicidades en requisitos de creación de empresas como los relativos a inscripciones en registros y renovación de autorizaciones. Además, el Consejo de Gobierno aprobará un Mapa de Procedimientos de Autorización con información exhaustiva y sistematizada sobre cada uno de ellos, según ha explicado el consejero, que ha detallado que otra de las medidas previstas es el reforzamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia como organismo supervisor.

Respecto a la simplificación de las 315 autorizaciones basadas en la normativa estatal, la Junta propondrá que se dé prioridad a aquellas vinculadas a los sectores de mayor peso económico, una propuesta que se presentará ante el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, organismo de cooperación entre las administraciones estatal y autonómica que se creó en 2011. De los 535 procedimientos que se prevé mejorar, vinculados tanto a la normativa estatal como a la autonómica, 330 (61,7%) afectan al inicio de la actividad económica, mientras que 205 (38,3%) se relacionan con su desarrollo.

Respecto a los trámites de competencia local, la Junta planteará que las medidas se centren en reevaluar las ordenanzas municipales, con especial atención a las que afectan a actividades económicas en municipios de tamaño medio o grande. Asimismo, un grupo de trabajo con las Diputaciones Provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se encargará de impulsar iniciativas de simplificación en los municipios de menor tamaño, ha explicado el consejero.

La entrada en vigor en junio 2011 de la Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales, y de simplificación administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en Andalucía ha supuesto hasta ahora la mejora de 156 procedimientos, según el informe. Casi la mitad de estos se ha simplificado a través de la adopción del régimen de libre prestación de servicios, que hace innecesaria la comunicación a la Administración autonómica para el inicio o desarrollo de una actividad económica. Por sectores económicos, el 23,7% de las autorizaciones simplificadas se ha concentrado en la construcción, seguida del comercio y la hostelería (20,5%).

La simplificación de estos procedimientos ha supuesto una reducción de los plazos pero también de costes, según ha asegurado Jiménez Barrios, aunque no lo ha cuantificado. El consejero ha dicho que es "fundamental" que ningún proyecto de inversión se pierda por problemas burocráticos, y ha subrayado que una regulación "inteligente y eficiente" que favorezca la actividad económica permitirá "ganar en competitividad". La presidenta de la Junta, Susana Díaz, encargó el informe analizado por el Consejo de Gobierno para la agilización de los trámites administrativos, con el fin de facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, una reclamación formulada por los agentes económicos.