Entre seis y siete millones de euros adicionales. Ésta es la cantidad que espera ganar la Junta de Andalucía sobre las demás comunidades en el Consejo Interterritorial de la Dependencia que se celebra mañana en Madrid y en el que exigirá que el reparto de los fondos para este año beneficie a las administraciones que más dependientes atiendan. "Con los criterios que rigen actualmente la distribución de fondos, Andalucía y otras comunidades perderán este año dinero al desarrollar la ley", mantiene la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

La propuesta de Andalucía persigue que la población realmente atendida pondere hasta un 50% en el reparto de los fondos, en lugar de un 20% como desde el pasado año. De aceptarse este aumento de porcentaje, la ganancia que sacaría la Junta sería un montante de entre seis y siete millones más de lo que ya obtiene, informaron a esta redacción fuentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. La Junta plantea también que prevalezca en los criterios de reparto el hecho de que la persona sea atendida por un servicio en lugar de una paga económica.

La propuesta no es sólo de la Junta. La pasada semana la aprobaron por unanimidad todos los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, en una iniciativa planteada por el Grupo Socialista. Semanas atrás, el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, calificó de "injusto" que otras comunidades que atienden a un menor número de dependientes reciban del Estado una mayor cantidad que Andalucía, que atiende casi a uno de cada tres dependientes en España.

En el fondo del asunto radica el malestar con el Gobierno por la insuficiencia financiera con la que castiga a Andalucía para el cuidado de los dependientes. De cada diez euros, más de seis los pone la Junta, cuando el compromiso inicial en 2006 era que el Estado aportaría la mitad de la financiación. En las últimas semanas, la Junta ha endurecido su discurso ante el Gobierno. La reivindicación de que prime a a aquellas comunidades que más dependientes atiende es ya un órdago que no tiene retroceso. "No queremos ningún privilegio ni premio, pero sí que se acabe con situaciones absolutamente injustas", advirtió la pasada semana tras el Consejo de Gobierno Micaela Navarro.

Injusto porque en el reparto de este fondo Canarias recibe 1.200 euros por persona atendida y Andalucía sólo 420 euros, anotó la consejera. El nivel acordado con las comunidades que se discute mañana es sólo una de las vías de financiación del Gobierno. La otra, la más generosa, sí la concede el Gobierno por número de atendidos.

Lo que realmente molesta a la Junta es que otras comunidades reciban más dinero cuando apenas están aplicando la ley y, mientras tanto, ella es nombrada como referente por cumplir los deberes. Ya el año pasado consiguió que por primera vez se considerase como un factor para el reparto la población atendida (en un 20%) y consiguió 13 millones adicionales para sumar un montante total de 55,9 millones de los 283,1 que se pusieron sobre la mesa. Hasta entonces, la población potencialmente dependiente (la cantidad que se supone que hay) ponderaba en un 94% y, aunque en menor medida, éste es el criterio más valorado hasta hoy en el reparto. Se suman otros como renta y pensiones medias, dispersión de la población, superficie, insularidad o los emigrantes retornados.

La Junta da muestras de confianza de que la petición sea atendida por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, a quien ven receptiva a la propuesta. La estimación de ganancia adicional se realiza con los dependientes que recibían prestaciones en el mes de marzo y se espera a conocer los últimos datos para hacer cuantificaciones más exactas.

Lo que sí sospechan desde la Junta, según varias fuentes consultadas, es que otras comunidades, sabiendo que la propuesta andaluza tiene visos de aceptarse, inflen ahora sus números para obtener mayor financiación en el reparto. Todo ello se verá mañana en Madrid.