Cada año la Junta de Andalucía y sus empresas públicas realizan contratos por un valor estimado de 6.000 millones de euros. A partir de la próxima semana, cuando entre en vigor la guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales, las empresas que quieran trabajar con la Administración autonómica tendrán que cumplir una serie de requisitos obligatorios y contemplar algunas recomendaciones. El objetivo de la norma, que se aprobará el próximo martes, es mejorar las condiciones laborales existentes, facilitar el acceso al empleo a los sectores más desfavorecidos y garantizar la sostenibilidad ambiental. 

Entre las medidas más llamativas se encuentra la posibilidad que tendrá la Junta de rescindir los contratos con las empresas que acumulen dos meses consecutivos de impago con sus trabajadores. Así reza en la guía realizada por los técnicos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y que posteriormente se negoció con los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuyos responsables firmaron ayer el acuerdo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Palacio de San Telmo. 

En materia de derechos laborales, destaca la prohibición de contratar con empresas que hayan sido sancionadas por infracciones muy graves en materia social, lo que afecta a las compañías de más de 50 trabajadores que no tengan un cupo del 2% para personas con discapacidad. En el apartado de condiciones previas a la licitación también se contempla la obligatoriedad para las empresas de 250 empleados de presentar un plan de igualdad de género.

En la fase de adjudicación el texto presta especial atención a las ofertas anormalmente bajas a los contratos que ofrece la Junta, puesto que considera que este excesivo ahorro puede deberse a un incumplimiento en materia "medioambiental, social o laboral". Asimismo, tal y como recordó la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, se respetarán de forma escrupulosa los derechos reconocidos en los convenios colectivos de cada sector. 

La guía repasa no sólo las fases de licitación y adjudicación sino que establece controles posteriores y durante el tiempo que está vigente el contrato. Aquí se incluye la cláusula de rescisión en caso de impago de salarios, pero también la prohibición de tributar en algún país de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, que también supondría la extinción del contrato. 

Además de las obligaciones establecidas para todos los contratos, existen otras específicas que dependen del sector. Por ejemplo, para los servicios relacionados con menores se pedirá a las empresas una declaración responsable de protección de los niños y adolescentes y la garantía de que sus trabajadores no están incluidos en el registro central de delincuentes sexuales. En contratos de obras se pedirá un plan de seguridad en el trabajo; mientras que en los de diseño de páginas web será necesario cumplir con las normas de accesibilidad para discapacitados. 

El documento redactado por los técnicos del departamento de María Jesús Montero incluye además una serie de recomendaciones que favorecerán a las empresas en los concursos a los que se presenten. Aquí destaca la promoción de los colectivos reconocidos por tener "dificultades particulares de inserción en el mercado laboral", como las personas con una discapacidad superior al 33%. También se incluye en este apartado a los perceptores de la  renta mínima de inserción, a las mujeres víctimas de violencia de género, a los jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan sido tutelados por la Administración, a los internos en cárceles con permisos de libertad condicional y ex reclusos, a los drogodependientes, a los parados de más de 45 años de larga duración y a los jóvenes desempleados menores de 30 años y con déficit formativo.

En este apartado se incluyen la mayoría de recomendaciones relacionadas con la defensa y el respeto al medio ambiente, pero también hay otras referentes a la igualdad de género en los contratos, a la accesibilidad universal y a la apuesta por la formación de los empleados, así como a las medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar. 

Con la aprobación de esta guía la Consejería de Hacienda suma ya su segundo acuerdo en materia social de la legislatura. El primero, también negociado con los agentes sociales, es el plan de recuperación de derechos de los trabajadores públicos de la Administración autonómica, que hoy se amplía con la aprobación de la jornada de 35 horas semanales.