En la batalla de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, las comunidades se han alineado en defensa de sus intereses y sin hacer demasiado caso al color de las banderas. Los socialistas de Cataluña presionan al Ejecutivo central, primero en una entente mediterránea con el Gobierno popular de Valencia y Baleares, luego con los nacionalistas de CiU, ERC e ICV; por otro lado se posicionan las socialistas Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Aragón con la popular Castilla y León para pedir que se ponderen variables como el envejecimiento, la dispersión poblacional o la orografía.

La Junta de Andalucía se ha aliado desde el primer momento con el Gobierno central y hace suya la propuesta que el Estado negocia con las comunidades. Autonomía financiera, multilateralidad en la negociación, la población como variable fundamental o el refuerzo de los mecanismos de nivelación del Estado son premisas compartidas entre la Administración central y andaluza. Distanciados, los partidos catalanes reivindican la bilateralidad entre el Estado y Cataluña en virtud de su Estatuto y la reducción de los fondos de compensación interterritorial. Quienes más aporten a las arcas del Estado, deben recibir más, justifican.

La comparecencia del pasado jueves en el Congreso del vicepresidente económico, Pedro Solbes, ahondó más en las diferencias entre la propuesta inicial del Gobierno y Cataluña. El vicepresidente económico no aportó nuevos datos, pero prometió a las autonomías más dinero y recursos adicionales. Los partidos catalanes en el Congreso se enroscaron en la defensa de su Estatuto y atacaron contra el "incumplimiento" del Gobierno por no haber cerrado una financiación catalana antes del 9 de agosto.

Desde Andalucía, la lectura de la intervención del ministro de Economía fue positiva. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, apoyó ayer la exposición de Solbes y subrayó que el planteamiento "coincide muy mucho con los de Andalucía".

Con esta propuesta, según Zarrías, "no pierde ninguna comunidad autónoma" al tener el "principio de solidaridad como elemento fundamental que tiene que tener todo mecanismo de financiación autonómica".

El consejero andaluz aseguró que "Andalucía no pretende que Cataluña no reciba lo que le corresponde, ya que somos conscientes de que necesita más financiación, pero eso no significa que rompa el principio básico de solidaridad".

Zarrías recomendó a los partidos catalanes "un ejercicio de reflexión que les permita buscar un punto de encuentro entre sus posiciones y las que está llevando a cabo el Gobierno".

Las explicaciones de Solbes también convencieron a Extremadura o Aragón mientras otras regiones gobernadas por el PP, como La Rioja o Murcia expresaron su temor a que el sistema se modifique a través de pactos bilaterales o incluso "secretos" en el caso de Cataluña.

A partir de septiembre el Gobierno reanuda las reuniones con las comunidades. La batalla por coger la mejor posición continúa.