El juzgado de instrucción número 2 de Málaga ha imputado a un total de 15 personas por su presunta relación con una red que se dedicaba a conseguir documentación falsificada para inmigrantes en situación irregular en España. Entre los imputados se encuentra el alcalde de Jubrique, David Sánchez (PSOE), así como el ex regidor, también socialista, de Riogordo Francisco Alarcón. La noticia de la imputación del regidor socialista causó una gran sorpresa en la zona y alguno de sus compañeros se mostró ayer muy extrañado con la misma, al considerar que se trata de una persona "honesta". Mientras tanto, fuentes socialistas en la Serranía de Ronda apuntaron a que Sánchez les había transmitido estar "bien" a pesar de lo ocurrido, al tiempo que insistieron en apuntar a la explicación sobre el engaño al que consideran que habría sido sometido.

Mientras tanto, el regidor no respondió ayer a ninguna de las llamadas que realizó este periódico para tratar de conocer su versión de los hechos investigados, ya que rechazó en varias ocasiones las mismas tras dar los primeros tonos. Los investigadores creen que esta trama estaría emitiendo falsos certificados de empadronamiento con los que los inmigrantes podrían obtener permisos de trabajo, según indicaron estas mismas fuentes judiciales.

Al parecer, la red no limitaba su acción a la provincia de Málaga, ya que también tenía supuestamente ramificaciones en las ciudades de Toledo y Almería, en las que se encargaba de falsificar los documentos oficiales para tratar de regularizar la situación de los inmigrantes a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros. Las investigaciones de los agentes de la Policía Nacional les han llevado a comprobar que los documentos acreditativos sobre el ejercicio de venta ambulante tenían fechas que no coincidían con su momento de llegada a España y que además eran aportados para tratar de conseguir los permisos de residencia.

La Policía Nacional identificó al considerado como cabecilla del grupo durante la investigación. Se trataba de un hombre español de origen paquistaní que, supuestamente, tenía contactos con distintos funcionarios. Esta persona, junto a otros detenidos, presuntamente captaba a posibles clientes entre miembros de las comunidades paquistaní y marroquí para ofrecerles la posibilidad de obtener certificados oficiales a cambio de importantes sumas de dinero.