Segunda imputación judicial y segunda ocasión en la que se niega a declarar. El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se acogió ayer a su derecho constitucional a no declarar ante el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas en UGT-A y que le atribuye delitos de falsificación y fraude de subvenciones.

El magistrado le había citado a declarar junto Manuel Pastrana Casado, aunque la declaración de este último se suspendió la semana pasada después de que el forense acreditara que se hallaba en una crisis aguda de su enfermedad. Fernández Sevilla también pidió la suspensión porque no había tenido tiempo para analizar el sumario y porque aún queda un atestado importante de la Guardia Civil por remitir al juzgado.

El abogado Manuel Pérez Cuajares, que defiende a Fernández Sevilla, explicó ayer a los periodistas que el sindicalista no ha declarado porque hay cierta documentación que fue intervenida por la Guardia Civil en un registro en el sindicato que aún no ha sido puesta a disposición del juzgado, sino que será enviada en unos dos meses en un atestado que está ultimando la Unidad Central Operativa (UCO). Esta información, continuó el letrado, es de "interés para la investigación de los hechos", por lo que Fernández Sevilla quiere conocerla antes de prestar declaración en este caso. El letrado insistió en que Fernández Sevilla se considera "inocente" de estos hechos y argumentó que la decisión de no declarar se produce por una cuestión procesal y de garantías de sus derechos de defensa.

Al término de la comparecencia, ni el fiscal Anticorrupción ni las demás acusaciones solicitaron al juez que adopte ninguna medida cautelar respecto al sindicalista.

La imputación de Francisco Fernández es la segunda de este sindicalista, quien también está siendo investigado en la causa de los ERE fraudulentos por la juez Mercedes Alaya en relación con las ayudas a la tabaquera Altadis, hechos por los que la Fiscalía le ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.

El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla justificó la imputación de la antigua cúpula de la UGT-A en la declaración del ex vicesecretario de Administración y Recursos Humanos y ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda, cuyo testimonio es, según el instructor, "contundente" a la hora de ratificar la implicación de ambos dirigentes sindicales en las decisiones ejecutivas de la organización, y en concreto en las referidas a la creación de la Central de Compras. El juez considera que la Central de Compras es un "órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".

El instructor señala igualmente que esta actividad se concretaba en la utilización de los mecanismos conocidos como el rápel y el bote. El primero, subrayaba el juez en la resolución, "permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la subvención". En cuanto al bote, el juez recuerda que estaba "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro", en un sistema que facilitaba al sindicato "financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no se correspondían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados".

La decisión del instructor de imputar a la antigua cúpula del sindicato se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara hace varias semanas la imputación de ambos dirigentes sindicales, quienes fueron "titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato". En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía explicó entonces que en esencia, el objeto del presente procedimiento, es la "financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".