El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que le conceda una pensión alimenticia de 1.840 euros mensuales, con cargo a la indemnización de 37.935 euros embargada tras su despido en González Byass, con la finalidad de hacer frente a sus "necesidades más básicas". El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero, explica en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que en la actualidad el consejero se encuentra en una situación de "completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos" y precisa incluso que de no contar con la "benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia".

El letrado añade que en esta "inimaginable posición" para el que fuera consejero del Gobierno de la Junta, Antonio Fernández se ve en la "muy deplorable precisión de solicitar del juzgado" el establecimiento de un derecho a la percepción de alimentos con cargo a la indemnización embargada y cuyo importe figura en el cuenta de consignaciones de este juzgado.

La defensa explica que tras el ingreso en prisión de Antonio Fernández por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos, además de la "destrucción de su derecho a la presunción de inocencia", fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez. Desde entonces, prosigue el letrado, y después de haber pasado más de tres meses privado de libertad, el ex consejero ha sufrido una situación de "completo rechazo social, habiéndosele cerrado todas las puertas y habiendo resultado inútiles sus permanentes intentos de ocuparse laboralmente", además de haber agotado a día de hoy toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar.

La situación es tan alarmante que Fernández carece en este momento de medios económicos con los que atender sus "necesidades más básicas, toda vez que le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pes de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia".

Fernández ha solicitado a Alaya, por principios de "elemental justicia y humanidad", que le conceda una pensión mensual de 1.840 euros, cantidad con la que podría hacer frente al pago de la hipoteca (710,47 euros mensuales), gastos de comunidad (60 euros), de suministro de agua y basuras (35 euros), de suministro de gas (15 euros) y electricidad (120 euros), mientras que otros 900 euros se estiman "prudencialmente" para "alimentación, vestido y consumo básico".

Alaya ha dado traslado a la Fiscalía y a las demás partes del escrito para que se pronuncien sobre esta petición.