Ante la petición de la juez Mercedes Alaya de que la Junta de Andalucía le informe, a través de la Guardia Civil, de todos los cursos de formación desde 2002, fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Luciano Alonso aseguran que en sus registros "sólo" controlan los archivos de los cursos fechados "desde 2007 en adelante", porque son los "expedientes vivos" y, por tanto, archivos documentales sobre los que cabe revisión" y, en su caso, reintegro de los fondos públicos no justificados.

El resto de documentos deberían obrar en poder del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y organismo que hasta septiembre de 2013 -fecha de la llegada de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta- regulaba la concesión de los cursos de formación profesional subvencionados con fondos públicos.

El montante de expedientes en trámite que en la actualidad existe, según cifras de la Consejería de Educación, ascienden a 8.505, si bien con fecha de mayo de 2014, la Guardia Civil procedió al registro y requerimiento de información sobre 1.381 expedientes -físicos y originales- de cursos de formación que obraban en poder de la Consejería de Educación.

Sobre la nueva petición de la juez Alaya, Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno, declaró ayer que, por parte de la Junta, "como siempre, responderemos en tiempo y forma. Hemos dado muestras de colaboración en todos los momentos con la Justicia" para añadir después que "la voluntad de este gobierno es colaborar en la resolución de los casos que están sometidos a investigación".

"Ésa es nuestra obligación y nuestra convicción", sentenció Vázquez, para quien la Junta tiene que ayudar al "esclarecimiento de los hechos, que sea cuanto antes", paguen los culpables y se pueda recuperar el dinero que no se haya usado correctamente.