"Si es culpable, que la Justicia decida". Fue con estas palabras como el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, despachó ayer las preguntas de la prensa sobre la postura que tomaría la Junta de Andalucía ante la detención del ex consejero Ángel Ojeda en la investigación en torno a las supuestas irregularidades en las subvenciones públicas para los cursos de formación.

Ante este nuevo episodio dentro de las distintas causas que instruyen una decena de juzgados en toda Andalucía, el responsable de Educación de la Junta -área que desde septiembre ha asumido la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo - reclamó ayer que la justicia "sea ágil y que acelere" para solucionarlo "todo" lo antes posible. "Nosotros no hacemos distinciones, si [Ojeda] es culpable, que decida la justicia, siempre hemos colaborado con ella y que cada uno asuma sus responsabilidades", subrayó Alonso en una comparecencia celebrada apenas 24 horas después de la detención del ex consejero.

El discurso del consejero del Ejecutivo de Susana Díaz se centró ayer en repetir que el "objetivo prioritario" de la Junta es que se reintegre "hasta el último céntimo de euro que no se haya destinado" al fin para el que se otorgó y en apuntar -más bien aventurar- una fecha como tope para la conclusión de la investigación interna que la Administración está realizando a los expedientes de los cursos de formación: finales de diciembre de 2015.

Aunque dijo que "estos datos sólo" los da "en el Parlamento", Alonso explicó que gracias "al plan de choque de la Junta" en el que están trabajando 62 personas para revisar de forma individual todos los expedientes de las ayudas para la formación otorgados entre 2007 y 2011. "Esperamos que para diciembre de 2014 esté revisados el 30% de los expedientes uno a uno y antes de diciembre de 2015 estén revisados todos, de 2007 a 2011", fechó.

Pese a la insistencia de la prensa, Alonso rehusó aportar más detalles de la investigación y dijo que "sólo" daría a conocer los datos en la Cámara "cuando sean definitivos", entre otras razones, porque hasta la propia Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) le pidió que no lo hiciera, porque con ello "podría hacer daños a las empresas", reivindican que el consejero calificó de "normal".

En su opinión, lo que "es importante" es que "la Junta no renuncia a ninguna cantidad de dinero que haya sido mal utilizada o no utilizada para la formación". Y defendió que Andalucía es la "comunidad más garantista de este país" en cuanto a subvenciones públicas se refiere porque "es la única del Estado español" que ha puesto en marcha medidas para "no exonerar y no exceptuar ninguna subvención". "Rajoy en este año 2014 ha dado subvenciones directas a empresarios y sindicatos, nosotros no", comparó.

Sobre el liderazgo de Susana Díaz en este asunto, Alonso dijo que la presidenta de la Junta ha impulsado medidas para que "bajo ningún concepto" se cobren ayudas públicas sin justificar, así como la firma del acuerdo con los agentes sociales "para que las nuevas subvenciones para la formación fueran con concurrencia competitiva".