La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el origen del pendrive aportado en mayo pasado por el abogado de la ex asesora de la Consejería de Empleo e imputada en el caso María José Rofa y que el letrado aseguró que recibió de forma anónima en su antiguo despacho profesional.

Antes de remitir la exposición razonada al Tribunal Supremo, la juez Alaya dictó el pasado 30 de julio un auto en el que estima un recurso presentado por otro de los imputados, el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera, quien solicitó a la instructora que se investigara cómo había llegado ese pendrive -serigrafiado con el nombre de la Junta de Andalucía y que contenía información relativa a otros expedientes de ayudas- al abogado de María José Rofa.

El lápiz óptico fue entregado en mayo pasado por el letrado Ignacio de Loyola Rivas, quien aseguró que en la dirección donde antiguamente tenía ubicado su despacho profesional, en la localidad de Bollullos Par del Condado (Huelva), recibió por correo un sobre de color blanco, sin distintivo ni remitente, en cuyo interior iba este dispositivo electrónico.

La juez consideró entonces que el pendrive podía contener "archivos y documentos relevantes para la presente causa", en especial sobre el papel desempeñado por la dirección General de Trabajo y de la Agencia Idea en el pago de las ayudas a terceros haciendo uso de los fondos públicos recibidos mediante las transferencias de financiación. Por ello, Alaya ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que procedieran al desprecintado y volcado de la información que contenía este soporte informático y que, a continuación, se procediera a investigar la documentación contenida.

Ahora la magistrada, ateniendo la petición de Daniel Alberto Rivera, ha ordenado que se practiquen una serie de diligencias para tratar de averiguar el origen del pendrive, entre las que destacan que se requiera al abogado de María José Rofa para que, en el caso de "obre aún en su poder", entregue al juzgado el sobre sin distintivo ni remitente que contenía el pendrive y que recibió en su despacho. En el caso de que aún conserve el sobre, el mismo será entregado a la Guardia Civil para que "por la UCO, mediante examen del franqueo, se investigue el posible origen de tal sobre".

La instructora también ha pedido a los agentes de la Guardia Civil que intervienen la investigación de los ERE que emitan un informe sobre el contenido de los archivos adjuntados en el pendrive y si han podido ser manipulados. En concreto, Alaya ha pedido a la UCO que informe sobre si los archivos que, según el letrado de la ex asesora de empleo, contiene el pendrive en los que aparecen expedientes relativos a la investigación de estos hechos "han podido ser manipulados, suprimiendo extremos que estuviesen contenidos en los expedientes originales o añadiendo a los mismos algún extremo".

De la misma forma, la juez quiere saber "si es posible detectar desde qué soporte informático se han transferido dichos archivos al pendrive" y, en último lugar, "si es posible detectar el origen del vertido de datos al pendrive".

Estas diligencias coinciden con la petición que, en su día realizó la defensa del ex director de Trabajo, que había cuestionado la "extraña forma" en que el letrado de María José Rofa "afirma que se le hizo llegar el pendrive". El ex alto cargo pidió que se lleven a cabo estas comprobaciones con el objetivo de llegar a unas conclusiones "que permitan acordar sobre la licitud y admisibilidad como medio de prueba del contenido del citado pendrive".

Por su parte, el abogado de María José Rofa dijo en su comparecencia cuando entregó la documentación que, en un primer momento, pensó que se trataba de "publicidad sobre cursos", pero al abrir los archivos informáticos observó que aparecía expedientes relativos a la investigación del escándalo de los ERE, desconociendo el origen del archivo informático.