La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha embargado distintas propiedades para cubrir las fianzas civiles impuestas a dos sucesivos secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: 33 millones a Juan Francisco Sánchez García y un millón a Lourdes Medina Varo.

El juzgado de instrucción 6 embarga a Sánchez García tres cuentas bancarias, dos vehículos y las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria. Al ser insuficientes, ordena una averiguación patrimonial de bienes a través del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Respecto a Lourdes Medina, la secretaria judicial recoge que ha ofrecido como garantía un total de ocho bienes inmuebles, de los cuales es copropietaria en su mayoría, así como acciones, un vehículo y una cuenta corriente, que en principio no se estiman suficientes para la fianza civil de 1.037.712 euros. Además, recoge que cuatro de los inmuebles o fincas ofrecidos como garantía no figuran en el registro del CGPJ como propiedad de Medina, por lo que la requiere para que, en el plazo de cinco días, demuestre su titularidad.

La juez imputó a tres sucesivos secretarios generales técnicos de Empleo el mantenimiento de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, un método que perduró una década y que "desde el comienzo no contó con fiscalización previa ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional" y "repartió millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical".

"Esa financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía" y después de sus primeros dos años de andadura se introdujo en el propio Presupuesto, según el auto de imputación.