La Plataforma de Afectados por la Regularización ha hecho una valoración del año recién finalizado manifestando que "concluye el 2017 con el levantamiento de suspensiones sobre el Suelo Urbano No Consolidado en el PGOU, a la espera de su publicación en el BOJA para confirmar su auténtico alcance y ser analizado en toda su extensión, así como los distintos contenciosos interpuestos contra el mismo, entre los que destaca el de las asociaciones ecologistas por su naturaleza".

Asimismo, recuerda que "los afectados en general han perdido la cuenta de las alegaciones presentadas al PGOU, al documento de levantamiento de suspensión, a las ordenanzas, y todas ellas en aprobaciones iniciales y definitivas, con la consiguiente confusión. No se conoce el próximo documento de las Ordenanzas de Regularización, para su estudio, ya que incluyen, según la delegada de Urbanismo, modificaciones por las alegaciones presentadas y que deberá ser estudiado pormenorizadamente, antes de ser llevado a Pleno".

"Por otro lado -continúan- los costes de los que se informan a través de la página web del Ayuntamiento son muy subjetivos en partidas fundamentales como a la hora de valorar la urbanización existente sufragada por el interesado, llevando a errores de interpretación. Igualmente se ha podido comprobar por este colectivo errores de bulto con las mediciones e incluso contradicciones en las cantidades finales, según sea solicitada la consulta por la web o por ventanilla".

Para la plataforma, "no deja de ser llamativo que en los proyectos presentados a los fondos Edusi por el Ayuntamiento, en los que se valoran muy positivamente efectos urbanísticos integradores y medioambientales, no haya habido ni una sola propuesta para dotar de un servicio básico tan fundamental en pleno siglo XXI como es el agua potable en el extrarradio y en las Áreas de Regularización".

En este sentido, afirman que "miramos con sana envidia a municipios como el de Conil, en el que silenciosamente se ha conseguido que prácticamente todo su término tenga los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado (o pozas reguladas), sabiendo exprimir el Decreto 2/ 2012 con la figura del AFO y con el fuerte compromiso de sus regidores".

"En definitiva -concluyen- comenzamos un 2018 que puede ser crucial para la regularización, con el requisito indispensable del consenso de los afectados. A nuestro pesar, continuarán miles de chiclaneros del extrarradio sin el preciado servicio básico de agua potable, eso sí, con dos grifos de suministro público para 15.000 familias, recordando tiempos pasados, mientras que se contribuye, como no puede ser de otra manera, con el Impuesto de Bienes Inmuebles de carácter urbano para financiar a la ciudad".