El nuevo gobierno municipal de Chiclana comandado por el PSOE está meditando seriamente la posibilidad de retirar las dos querellas presentadas contra el concejal socialista Joaquín Muriano por el anterior gobierno municipal presidido por Ernesto Marín (PP). De momento, y según confirmaba ayer la nueva delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier (PSOE), lo que el nuevo gobierno chiclanero sí ha decidido ya es cambiar de abogado, prescindiendo del que fuera contratado por los anteriores rectores municipales y recurriendo a otro letrado particular que tendrá que afrontar ahora una acusación contra el edil socialista que se presume que será muy descafeinada.

Este extraño enredo jurídico nace a raíz de que las dos querellas contra Muriano fueran presentadas en nombre del Ayuntamiento de Chiclana. Hace poco más de un mes, a principios de noviembre, el gobierno chiclanero conformado por el PP, IU (hoy ediles no inscritos) y PA vio indicios de un delito de prevaricación por parte de Muriano, cuando era delegado municipal de Urbanismo, en la concesión de sendas licencias al hotel Barceló y a un supermercado Supersol ubicado en el centro comercial Tartessus, estando ambas edificaciones ubicadas en la Loma de Sancti Petri. Las dos licencias -que al parecer fueron rubricadas pese a los informes contrarios de técnicos municipales, que hallaron excesos de edificabilidad-, datan del 25 de mayo de 2007, último día hábil para los trámites en la administración local ya que apenas dos jornadas después se celebraban las elecciones municipales.

De estas dos querellas, una, la relacionada con el supermercado, ya ha sido admitida a trámite por el juzgado número 2 de Chiclana. La otra está en manos del juzgado número 3 de la misma localidad, sin que se conozca aún si seguirá su tramitación o, por el contrario, será archivada.

Ambos procedimientos judiciales han puesto al PSOE en una encrucijada ya que tiene que elegir entre proceder a la retirada de ambas querellas, una medida que sería del todo legal aunque también impopular, o, por otro lado, ejercer de querellante contra uno de sus propios concejales. La decisión, en todo caso, no se postergará en demasía, ya que Muriano ha sido citado para declarar ante el juez en calidad de imputado el próximo 5 de febrero, mientras que José María Román, actual alcalde de Chiclana, y Alfonso López Almagro, ex gerente de Urbanismo y ahora gerente de Emsisa, lo harán como testigos dos semanas después.

La edil Cándida Verdier reconocía ayer que la situación es cuanto menos "extraña", aunque no avanzó el posicionamiento final que adoptará el gobierno. Sí justificó el cambio de abogado por la "falta de confianza" que les inspira el bufete contratado por el gobierno anterior, ya que fue el mismo al que se le encargó meses atrás la realización de una auditoría sobre las cuentas municipales.

En el caso de que el nuevo gobierno de Chiclana -que aglutina a PSOE, PSA e IU- optara por retirar sendas querellas, no sería seguro que estos procedimientos judiciales quedaran archivados ya que, por un lado, la Fiscalía tiene la opción de investigar de oficio ambas causas si lo considera oportuno mientras que, por otro, el PP debe decidir también en breve si se persona en ambos procedimientos como acusación.