El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, presidió ayer la Comisión Anti Fraude, a la que acudieron representantes de los organismos estatales que participan de la misma. De Torre detalló que la Inspección de Trabajo "centra sus objetivos para el 2015 en la economía sumergida: búsqueda de contratos a tiempo parcial, faltas de alta y jornada no declarada, que son los tipos infractores más comunes detectados en 2014".

La "importancia" de estas actuaciones para el Gobierno de España es fundamental por tres motivos: controlar los ingresos no declarados, luchar contra el fraude laboral al propio trabajador no dado de alta en la Seguridad Social, y frenar la competencia desleal que sufren los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones de pago de impuestos, de cotización por sus trabajadores, frente a otros que no lo hacen, argumenta la Subdelegación en un comunicado.

En el primer semestre del año 2015 ha habido 140 infracciones en relación con las prestaciones por desempleo, 383 infracciones por falta de afiliación y alta a la Seguridad Social, con un importe aflorado por esa falta de cotización de 1.284.000 euros. Se han producido un total de 1.134 afiliaciones y altas, ya sea de oficio o inducidas, de trabajadores que no estaban dados de alta o se han dado tras la visita de los inspectores. En 2014 hubo 2.654 afiliaciones y altas tras visita de la Inspección de Trabajo.

En lo que va de año se transformaron 1.092 contratos temporales en indefinidos, en cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, frente a 1.456 en 2014. Y gracias a las actuaciones realizadas decayó el número de empresas ficticias, que pasaron de 65 en 2014 a 51 en 2015, sin que se detectase tramas organizadas como en años anteriores. En 2015 se recaudaron 318.000 euros y se recuperaron 170.000 más por prestaciones abonadas indebidamente con una anulación de 113 altas falsas.

Ha habido un cambio del formato de empresa ficticia pura, sin ninguna actividad, a otras mixtas, con actividad y algunos trabajadores legalmente contratados y otros que no ejercen actividad real, por lo que simulan un contrato para obtener prestaciones o subsidios.

Otra herramienta que se ha revelado "muy eficaz", según el subdelegado, es el buzón de lucha contra el fraude. En 2014 hubo 1.214 denuncias que, una vez, filtradas y comprobada su validez, generaron 554 procedimientos que supusieron un total de 109 altas inducidas, mientras que en el primer trimestre de 2015 hubo 246, con 122 órdenes de servicio, que han originado 21 altas inducidas y 12 de oficio; es decir, el 50% de esas denuncias llevó a investigar un posible fraude.

En 2014 se constituyeron dos equipos de inspección específicos para las actuaciones de lucha contra el fraude. "Se ha detectado la conveniencia de seguir realizando estas inspecciones acompañados en algunos casos por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", dijo el subdelegado del Gobierno.