El Ayuntamiento de El Puerto anunció el pasado mes de diciembre que Gyocivil, una empresa madrileña que opera desde hace sólo cuatro años en la provincia pero que en tan poco tiempo ha conseguido adjudicarse más de una treintena de obras y servicios, ganaba una de las más suculentas ofertas de 2013: 18 millones de euros de financiación europea para la construcción de dos aparcamientos subterráneos que suman más de 800 plazas, uno bajo la decimonónica plaza de toros y otro en la finca Pozos Dulces, un terreno que se encuentra junto a la desembocadura del río Guadalete. Son puntos neurálgicos del tejido urbano de El Puerto con un subsuelo arenoso y un altísimo nivel freático. Gyocivil hace de todo, de pistas de pádel a carriles bici, pero nunca había hecho aparcamientos subterráneos.

No existe una demanda ciudadana de estos parking, como demuestra la opinión contraria a la obra de varios colectivos vecinales, que ven que el Ayuntamiento sustituye plazas de aparcamiento gratuitas en superficie por plazas de pago. El PP ha llevado estos proyectos en su programa basándose en un estudio anterior a la crisis sobre el crecimiento del parque móvil de la ciudad.

El concurso que se presentó para el cumplimiento de esta promesa electoral fue de proyecto y obra, no sólo de obra, pese a que, en realidad, proyectos de estos aparcamientos ya existían. En 2009 el Ayuntamiento de El Puerto, que no contaba aún con financiación, los sacó a concurso. Hubo dos ganadores, a los que se les abonó 700.000 euros. Los proyectos ganadores estaban firmados por los arquitectos Fernando Ríos y Juan Manuel Sánchez del Pozo, respectivamente. No se ha vuelto a saber nada de estos trabajos o, al menos, el arquitecto Fernando Ríos no lo sabe: "Pregunte en Impulsa".

La sociedad municipal Impulsa, que ha sido la encargada de la búsqueda de financiación para los aparcamientos, parecía mostrar preferencia por que fuera Gyocivil quien realizara la obra,según se desprende de una tensa conversación que tuvo lugar el pasado septiembre entre el director gerente de este ente público, Cayetano Gómez, y su director técnico, el ingeniero Julián Martín Bravo. En ella, Martín Bravo expuso a Gómez sus dudas sobre la estructura del proyecto presentado por Gyocivil. "Me siento presionado para hacer un informe a favor de Gyocivil", se quejó el ingeniero después de haber escuchado momentos antes a su superior decirle "yo te digo lo que quiero, tú tienes los suficientes medios y conocimientos para conseguirlo" o "tú dices, a ver, cómo coño puntúo para que salga esto y esa comedura de coco la vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo". Sin embargo, el gerente le intentó tranquilizar asegurándole que posteriormente se podrían resolver esos problemas de cimentación que planteaba el ingeniero. "Tu no puedes recomendar algo que haya una norma taxativa que diga que eso está prohibido. Pero evitando esa colisión...", dijo el gerente. El ingenierose justificó: "Ponte tú en mi lugar. Has recomendado un proyecto con una losa de cimentación que se ha partido...". Ante la insistencia del ingeniero, ya visiblemente enfadado, el director gerente cambió su discurso y dijo "salirse del proceso", al tiempo que le aclaraba a su subordinado que él no tenía ningún interés por que el ganador del concurso fuera Gyocivil.

Pocos días después de esta conversación, el director técnico dejó de trabjar para Impulsa. La causa oficial es que era un puesto amortizado, ya que Impulsa no tiene obra, por lo que no era necesario ese puesto. Cayetano Gómez, que defiende la absoluta limpieza en el concurso, desvincula por completo la salida de Martín Bravo con el concurso de los aparcamientos. "El director técnico empezó a hacer este informe en calidad de sus conocimientos de ingeniero industrial, se tuvo que ir y se contactó con una consultora de ingeniería, IDOM, una de las cinco más grandes de España, para que finalizara ese informe". Gómez, además, aclara que "Impulsa no saca a concurso este proyecto. Quien lo hace es una empresa privada, Impulsa Aparca, en la que participa Impulsa al 50%". Impulsa Aparca es quien se encargará de la explotación de estos aparcamientos.

El portavoz del PSOE en El Puerto, David de la Encina, no entiende que no fuera Martín Bravo el que finalizara el informe y que en la mesa de valoración pesara el criterio de una consultora externa con sede en Madrid. Según el PSOE, Impulsa cuenta con suficiente personal técnico, con prestigio reconocido, para hacer este trabajo. Idom no llegó a proponer para Gyocivil los 15 puntos máximos en su apartado técnico, pero le dio 13, suficientes para ganar el concurso, sobre todo si el resto de las propuestas obtenía una puntuación anormalmente baja. El segundo clasificado, Ogensa-Gévora, sacó siete. El último, San José-Cartuja, sacó 1. "Pero qué proyecto hay que presentar para sacar 1, ¿una construcción de Lego?", afirma indignado uno de los ingenieros que ha trabajado a riesgo (sólo cobra si gana el concurso) con una de las empresas concursantes. Sin embargo, para Cayetano Gómez, no hay más planteamientos que los parámetros técnicos y reconoce que los que plantean las aspirantes pueden ser válidos, pero que los que han primado han sido los que la consultora externa, "desde un punto de vista puramente técnico", ha considerado. Además, recuerda Gómez, al ser un proyecto respaldado por el Banco Europeo de Inversión, que obliga a que en el concurso exista una fiscalización externa, que en este caso ha corrido a cargo de Price Waterhouse.

"Hay poquísima obra pública, estamos que mordemos y en El Puerto se ha faltado al respeto a un gremio", afirma otro ingeniero, que prefiere que su nombre no aparezca y que revela que una de las empresas concursantes se entrevistó personalmente con el alcalde, Enrique Moresco, para saber si el concurso de los parking estaba "dado". Moresco dijo que no, que era un concurso limpio. Moresco, que no es alcalde desde el pasado jueves por decisión de su partido, es conocedor de los rumores que corren por El Puerto sobre la adjudicación de la obra. En una de sus últimas comparecencias como alcalde aseguró que "la rentabilidad moderada, estable y duradera del proyecto parece fuera de toda duda" y defendió la limpieza del proceso de adjudicación.

Las empresas más potentes que acudieron a este concurso prestaron poca batalla. Ferrovial incumplió el pliego del concurso presentando una obra con casi 400 plazas menos de las exigidas por el pliego, por lo que fue eliminada. Por su parte, Acciona fue desestimada por no presentar avales bancarios, es decir, una de las empresas de obra pública más importantes del país fue eliminada por no acreditar solvencia económica. La única explicación que se dan en el sector es que "ambas se ahorraron los gastos de arrancar un proyecto competitivo. En un proyecto de estas características trabajan cerca de treinta personas cualificadas con largos horarios, con lo que el coste puede rondar los 300.000 euros. Aunque estos profesionales lo hagan a riesgo, hay que pagar material, delineantes... Es decir, si una empresa decide acudir a un concurso sabe que tiene un gasto mínimo de inicio de 30.000 euros. Está claro que Ferrovial y Acciona no le vieron color".

Las empresas perdedoras del concurso consideran que todo lo sucedido es extraño. El plazo de presentación de proyectos fue extremadamente corto. Salió en junio y había que entregar el 22 de agosto. No es habitual esa fecha al entrar en meses, julio y agosto, con baja actividad, aseguran. Pero al ser una obra tan atractiva económicamente nueve empresas decidieron intentarlo. "Fue una auténtica paliza", refiere el integrante de uno de los equipos que presentaron un proyecto perdedor. "Estaríamos ya terminando cuando me encontré con un colega de profesión que me dijo que él conocía a otro equipo de ingenieros que estaba trabajando en ese mismo proyecto en Madrid... pero que lo estaban haciendo desde principios de año y que no iban a riesgo, sino que se trataba de un encargo. Yo no sé si aquello era cierto, pero la información privilegiada es algo lo suficientemente habitual en este negocio como para que pensara que estábamos perdiendo el tiempo".

Antes de la crisis, cuando había mucha obra pública que repartir, no era habitual que las empresas impugnaran concursos a no ser que el resultado fuera muy flagrante. En este concurso lo han hecho dos de las cuatro perdedoras y es posible que en los próximos días lo haga una tercera. La UTE Ogensa-Gévora, creada al efecto por una sociedad asturiana y otra extremeña, ha presentado alegaciones después de haber pedido explicaciones sobre la valoración de algunos de los aspectos de su proyecto y no haber recibido una respuesta satisfactoria. Por su parte, la UTE que formaban San José Constructora y Cartuja Inmobiliaria, que sólo recibió un punto por los aspectos técnicos de su proyecto y por la calidad de los materiales, ha presentado un escrito en el que acude directamente al meollo del concurso: se considera que ni ha existido transparencia ni se ha dado el "principio de igualdad de trato". A las otras concursantes, Firmes y Carreteras y ACSA e Inabensa, algunos de los sobres de sus proyectos les fueron devueltos sin abrir. Fuentes de estas empresas, que han preferido no ahondar en el desarrollo del concurso, sí reconocen que "ha estado todo muy liado desde el inicio, desde la misma redacción del pliego".

Y es que, según denuncian Ogensa y San José, en la valoración se desestimaba el propio pliego sobre el que se tenían que basar los proyectos aspirantes. Es el caso de la valoración del uso de la plaza que resultaría del subterráneo en el menor tiempo posible. Este parámetro fue evaluado -para beneficio de Gyocivil-, pese a no aparecer en el pliego, según se denuncia en la impugnación de San José. Y lo que en el informe técnico se elogiaba, en el económico (ejecución en 14 meses mientras el resto de las empresas hablaban de 17) se calificaba -en detrimento de Gyocivil- de temerario y se puntuaba con cero.

El texto presentado por San José, al que ha tenido acceso este medio, habla de "arbitrariedad" en la concesión. Uno de los puntos que trata, más allá de aspectos técnicos, tiene que ver con el 'sobre' económico del proyecto. El tipo de interés presentado por Gyocivil es del 1,5%, imbatible si no fuera porque, según San José, incumplía las condiciones del pliego, por el cual no podía existir un diferencial superior a un 30% entre las medias del tipo interés presentado por las empresas y el interés mínimo que se presentara. El resto de empresas se movieron en torno al 4,5, mucho más realista. Fueron penalizadas por ello, pese a que cualquier tipo inferior a un 2,5, como era el caso de Gyocivil, debería haber sido puntuado con cero.

En la conversación entre el gerente y el ingeniero hubo una frase: "Julián, simplifícalo lo máximo posible..." Simplificado o no, Gómez defiende que aquí no ha habido otros criterios que los técnicos. Las empresas perdedoras no piensan lo mismo.