El Ayuntamiento vuelve a contar ya, después de meses sin tenerlo, con el servicio de recogida de animales que resulta obligatorio para las administraciones locales, según la Ley 11/2003 de Protección de Animales. Este servicio municipal lo tenía encomendado hasta la pasada primavera la empresa Rotaguau, pero tras el fallecimiento del propietario de la perrera sus nuevos responsables decidieron dejar de trabajar con el Ayuntamiento, que por otro lado, mantenía una deuda económica con la empresa.

Tras el abandono de Rotaguau el asunto trascendió a la luz pública debido a las quejas de varios veterinarios de la ciudad, que vieron cómo los ciudadanos recurrían a ellos para que prestaran un servicio del que no tenían por qué hacerse cargo.

Así las cosas, y tras la denuncia presentada a la Junta el pasado mes de julio por parte de las asociaciones Agaden y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz, el Ayuntamiento ha contratado hace escasas fechas los servicios de la empresa con sede en Jerez Gesser, que también realiza esta prestación en otros ayuntamientos cercanos.

El contrato con Gesser viene a retomar el que quedó interrumpido con Rotaguau, y como señaló a este periódico la edil de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, se prestarán exclusivamente los servicios obligatorios del Ayuntamiento, como son la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de diez días hasta que sean cedidos, o en último caso, sacrificados.

La Junta de Andalucía, a través del delegado de Gobierno en la provincia de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, llegó a remitir un escrito dirigido al alcalde, Enrique Moresco, que entró por registro municipal el pasado 5 de agosto y en el que el responsable de la administración autonómica trasladaba al primer edil la necesidad de retomar sus competencias en dicho asunto, ya que de otro modo se podrían producir "graves consecuencias en materia de salubridad pública, seguridad vial, protección animal, entre otras, que una inhibición en esta materia podría deparar".

En su escrito, Manuel Jiménez Barrios se hacía eco de una denuncia presentada ante la Junta el pasado 13 de julio, en la que Agaden y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas solicitaban la apertura de un expediente sancionador contra los Ayuntamientos de Puerto Real, Cádiz, Medina, Chipiona, Sanlúcar y El Puerto, por no estar realizando los mismos ningún servicio de recogida de animales abandonados.

En su denuncia, las dos asociaciones aseguraban estar recibiendo numerosas llamadas de las fuerzas del orden público, como Policía Local y Guardia Civil, en las que se solicitaba, ante la ausencia de recogida por parte de las administraciones locales, la prestación de este servicio por su parte para atender a los animales que aparecían en la vía pública, algo a lo que recurrían también numerosos ciudadanos a título particular.

Los colectivos de protección de los animales consideraban, además, que la situación creada en varios ayuntamientos de la provincia podía ser "motivo de alerta sanitaria", ya que entra dentro de las obligaciones municipales la prestación del servicio de retirada de animales muertos.

Tras varios meses sin la prestación del servicio en El Puerto, el Ayuntamiento ya ha contratado por fin los servicios de una de las escasas empresas del sector que funcionan en la provincia.