Puente de Ureña
Rafael Duarte
Hombres de placer
Cuando hay una emergencia, exigimos una rápida actuación de los servicios públicos. Con el gravísimo accidente de trenes de alta velocidad en Córdoba, hemos visto como se han movilizado rápidamente los bomberos, la UME, la Guardia Civil, protección civil, emergencias… y medios como ambulancias, grúas y transportes. ¿Quién paga todo esto?
Soy firme defensor de que hay que pagar impuestos para que el Estado atienda las necesidades de la ciudadanía, y equipare derechos como la educación, la sanidad y la dependencia; que el uso de estos servicios públicos esenciales no dependa de la capacidad adquisitiva de las personas, sino que sea un derecho universal al alcance de todos, garantizando la igualdad de oportunidades. Ese es el modelo de sociedad que se instauró en Europa tras la II Guerra Mundial, el Estado del Bienestar, al que España ha aspirado y nunca hemos conseguido plenamente. Y que ahora corre peligro.
Los que tanto invocan la Constitución, y no han pasado de los dos primeros artículos, ignoran que todos tenemos que contribuir a sufragar los gastos de los servicios públicos, según sus posibilidades. O sea, quién más gana, más paga, pero eso no es así. Con las rentas del trabajo, quienes tenemos sueldo o pensión, funciona, pero con las rentas del capital no. Hay tantas formas de deducir o eludir pagar impuestos a las grandes fortunas que terminan pagando porcentualmente menos que quien cobra un sueldo medio. ¿Se acuerdan de las SICAV? Pues ahí siguen, con un 1% de impuestos.
Si queremos que haya centros de salud, hospitales, colegios y universidades públicas; si queremos que haya policías que garanticen nuestra seguridad y nuestros derechos, si queremos que haya una justicia eficiente; si queremos que haya personal que atienda a las personas dependientes sin recursos, si queremos que haya bomberos y retenes contra incendios forestales; si queremos carreteras y calles en condiciones para circular con seguridad… hay que pagar impuestos.
Por eso me enervan los partidos que hacen de la bajada de impuestos su bandera, los mismos que defienden el mantra de la “colaboración público-privada”, eufemismo para privatizar servicios públicos. A más deterioro de los servicios públicos, más negocio para las empresas privadas amigas.
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